Al inicio de la República la economía colombiana tenía dos características sobresalientes: una economía agraria muy tradicional y la desarticulación regional. La estructura agraria estaba dominada por grandes haciendas con trabajadores permanentes (concertados o terrajeros), que coexistían con pequeñas propiedades y resguardos indígenas en algunas zonas del país. La falta de vías, en un país geográficamente complejo, generaba la escasa conexión entre las muy diversas regiones -una “economía de archipiélago”, como la denominó el historiador Luis Eduardo Nieto Arteta. Estas dos características se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX.
Uno de los efectos más positivos de la independencia fue el comienzo del fin de la esclavitud. Este se generó por la promesa de libertad que ofrecieron los dos ejércitos a los esclavos que engrosaran sus filas, la libertad de vientres decretada por el Congreso de Cúcuta y el acuerdo con Gran Bretaña para prohibir el tráfico de esclavos. La liberación de los esclavos, que culminaría en 1850, puede considerarse como el avance más importante en términos de equidad del siglo XIX y uno de los más importantes de nuestra historia.
A diferencia del siglo XVIII, cuando hubo una moderada expansión económica, el crecimiento económico durante la primera década del siglo XIX fue muy lento, casi seguramente inferior al de la población. El oro continuó siendo el principal producto de exportación, con un aumento de la producción en Antioquia y un retroceso de la minería esclavista del Pacífico. El crecimiento de la población se acercó al 1,5% por año, un ritmo alto para los patrones internacionales de la época, y generó una expansión de la frontera agraria a través de procesos de migración interna, el más destacado de los cuales fue el de la población antioqueña hacia el sur.
El lento crecimiento estuvo acompañado de cambios regionales importantes: Antioquia siguió creciendo y modernizó su minería, pero esta expansión no logró contrarrestar la contracción de la minería del Pacífico (y, por ende, de Popayán), la decadencia de las artesanías textiles de Santander, ante la competencia de las telas importadas, y el fin de Cartagena como el principal puerto del país. La penuria fiscal fue una característica persistente, incluso durante todo el siglo XIX, e impidió que Colombia pudiera pagar la enorme deuda externa heredada de la independencia, la cual fue sujeta a varias suspensiones de pago y renegociaciones, y solo pudo ser regularizada en 1905.
Los principales cambios vinieron a mediados del siglo XIX con el desarrollo de nuevos productos de exportación. Algunos de estos ya habían comenzado a surgir a fines de la colonia, pero en pequeña escala. El comienzo de las exportaciones de tabaco en los años 1830, cuando todavía era un monopolio del Estado, estableció el camino para el primer auge exportador, cuando dicho monopolio fue eliminado a mediados del siglo. A este producto se agregaron la quina, el café, el algodón y el añil, entre otros.
El crecimiento exportador fue más rápido durante el régimen económico liberal de 1850-80 que durante la Regeneración en las dos últimas décadas del siglo XIX. Durante esta última lo más destacado fueron la primera expansión fuerte de las exportaciones de café, la modernización de la minería de oro y plata, las primeras empresas industriales y el inicio en firme del proceso de urbanización. El elemento más controvertido fue la emisión de papel moneda del Banco Nacional, que generó un fenómeno desconocido hasta entonces, la inflación. Aunque el Banco fue liquidado, la emisión excesiva de papel moneda durante la Guerra de los Mil Días generó la primera “hiperinflación” de la historia latinoamericana.
El verdadero despegue exportador solo vino con el café en las primeras tres décadas del siglo XX, que tuvo como eje la zona que había poblado la migración antioqueña y una estructura productiva que, a diferencia de la del siglo XIX, estuvo basada en fincas medianas y pequeñas más que en haciendas. El lento crecimiento económico que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX fue reemplazado por una expansión rápida en 1905-29, 5,5% por año, y más del 8% anual durante el auge de 1922-29. Este auge estuvo acompañado con importantes inversiones en la infraestructura del país, apoyadas también por el crédito externo. La industria manufacturera siguió dando sus pasos, aunque todavía pioneros. En 1923 se modernizó, además, la institucionalidad económica con la creación del Banco de la República y la Contraloría General.
La crisis mundial de los años 1930 frenó las oportunidades de exportación y puso en el centro del desarrollo a la industria manufacturera y a los servicios modernos orientados hacia el mercado interno. El despegue de la industria fue el elemento más destacado. Aunque el crecimiento económico se redujo al 4,1% en 1930-45, fue uno de los más dinámicos de América Latina y del mundo. Bajo la hegemonía liberal, que dominó el país durante estos años, se hicieron, además, varias reformas sociales, entre ellas el apoyo y regularización del sindicalismo y la reforma agraria de 1936; esta última fue revertida, sin embargo, en 1945.
La industria y los servicios modernos fueron el eje del crecimiento económico desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con un ritmo de 5,1% en 1945-80, pero con una tendencia a la aceleración, que alcanzó su pico en 1967-74, con un 6,3%. El proceso de industrialización estuvo acompañado por una modernización del sector agropecuario y un esfuerzo, relativamente exitoso, por diversificar la base exportadora desde mediados de los años 1950 y, especialmente, gracias a las reformas económicas de 1967.
El crecimiento estuvo acompañado por una política social activa, que generó una mejoría importante en el acceso de la población a la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos. Gracias a la conjunción del avance de la política social con la aceleración del crecimiento económico, el país vivió también la primera reducción importante de los niveles de pobreza en la década de 1970. Como había sido cierto durante la república liberal, el fracaso principal fue la reforma agraria: las leyes correspondientes de 1961 y 1968 fueron revertidas en el Acuerdo del Chicoral de 1972.
Gracias a su bajo endeudamiento externo, Colombia se salvó de la crisis latinoamericana de la deuda de los años 1980, pero entró entonces en un proceso de menor expansión económica. La expectativa de que la apertura económica de comienzos de los años 1990 y los tratados de integración y libre comercio que la complementaron posteriormente, aceleraran el crecimiento, no se materializó: alcanzó apenas un 3,4% anual en 1990-2018 y un estancamiento, o incluso caída de la productividad, en contraste con el aumento moderado que había experimentado esta variable durante la industrialización. Las causas básicas de la desaceleración han sido una fuerte y prolongada desindustrialización y las dificultades del sector agropecuario para adecuarse a una economía más abierta.
A su vez, el cambio más favorable ha sido la creciente importancia de los sectores petrolero y minero, especialmente del primero, que se consolidó en las primeras décadas del siglo XXI. Sin embargo, aún en un momento de fuerte aumento de precios del petróleo y otros elementos favorables en el entorno internacional, su capacidad para acelerar el crecimiento económico general ha sido limitado: solo 5,4% en el momento de mayor auge, en 2003-08, por debajo de los ritmos de los años 1920 y de 1967-74. Durante la segunda fase del auge petrolero, en 2010-14, el crecimiento fue menor, del 5,0%; después disminuyó fuertemente con la caída de los precios del petróleo y solo ha tenido una lenta recuperación en años recientes.
El gran avance desde los años 1990 ha sido social más que económico, impulsado por la Constitución de 1991 que incorporó en el centro de la carta política el concepto de derechos sociales. Su principal reflejo ha sido la expansión rápida de los servicios sociales, apoyada en un aumento en el tamaño del Estado, y la disminución consecuente de la pobreza multidimensional: del 60,4% cuando fue medida primera vez en 1997 a 17,8% en 2016, antes de aumentar un poco, al 19,6% en 2018. La pobreza por ingresos también disminuyó, desde niveles del 50% o más, a comienzos del siglo actual, al 27% en los últimos años, la reducción más fuerte que ha tenido desde la década de 1970. El fuerte descenso en el crecimiento poblacional ha apoyado este proceso, ya que, pese al lento crecimiento de la producción, ha permitido que el PIB per cápita aumente un poco más rápido.
Está por verse si la economía colombiana es capaz de acelerar el crecimiento con base más en una re-industrialización, una nueva fase de modernización agropecuaria, el desarrollo de los servicios modernos y, especialmente, un aumento de la productividad apoyada por un avance sustancial del sistema de ciencia y tecnología. Es esencial que este proceso coincida con la continuación de las mejoras sociales experimentadas en las últimas décadas, y con la consumación de la reforma rural integral incluida en el acuerdo de paz, superando en este último caso la incapacidad que ha tendido el país a lo largo de la historia de hacer permanente una reforma agraria.