Cuando el secretario de Energía de Estados Unidos entró al Palacio de Miraflores para reunirse con Delcy Rodríguez, la escena pareció un gesto diplomático. Pero el mensaje fue estratégico: la energía vuelve a ser el idioma del poder en el hemisferio, y Venezuela vuelve a ser una pieza que define el tablero.

Decir que “esto es política” se queda corto. Lo que está en juego es más concreto: quién fija las reglas del petróleo venezolano -producción, exportación, cobro y arbitraje- y, sobre todo, quién queda afuera. En Washington, la lectura es explícita: una Venezuela reinsertada en los circuitos formales reduce el margen de China y Rusia, dos actores que han ganado influencia cuando el país operaba bajo sanciones, opacidad y acuerdos de alto riesgo.

Hay un detalle que el público suele ignorar: las sanciones no solo castigan; también crean costos técnicos. Sin banca corresponsal, seguros marítimos y mecanismos de pago claros, el petróleo no desaparece; se vende con descuentos, depende de intermediarios y viaja por rutas grises. Eso no solo drena renta nacional: crea un ecosistema donde la influencia extranjera se compra con financiamiento, logística y protección.

Por eso, el concepto clave no es “apertura”, sino “trazabilidad”. Una apertura vigilada por Estados Unidos significa, para los mercados, contratos más ejecutables, arbitraje internacional, licencias más previsibles y menor incertidumbre para repatriar capital. La reciente reforma de hidrocarburos -que reduce el control estatal y permite mayor participación privada- apunta a ese objetivo: convertir un barril riesgoso en un barril invertible.

La visita también trae una advertencia para el capital: Washington quiere inversión, pero no promete garantías. Habrá señales de alivio parcial y permisos operativos, pero las empresas deberán evaluar por sí mismas el riesgo, incluso si la “ventana” se abre más rápido que la estabilidad del sistema.

Esa vigilancia tiene doble filo. La transparencia también es una palanca: quien exige auditoría y cumplimiento decide la velocidad del dinero. Y en una economía que necesita reconstrucción, la velocidad del dinero es poder. La pregunta real no es si habrá inversión, sino bajo qué condiciones: ¿quién prioriza proyectos?, ¿qué empresas entran primero?, ¿cómo se reordenan deudas y compensaciones por expropiaciones de hace dos décadas?

Para la región, el impacto va más allá del precio del crudo. Una Venezuela con producción creciente reconfigura cadenas enteras: servicios petroleros, puertos, transporte, electricidad y construcción. También altera los incentivos geopolíticos: si Caracas vuelve a depender de capital y tecnología occidentales, el hemisferio recupera coherencia estratégica y los competidores externos pierden un punto de apoyo.

Para la gente común, el resultado no se mide en comunicados: se mide en trabajo, salarios, estabilidad eléctrica y servicios. Para el empresariado, la conclusión es directa: podría abrirse una ventana de oportunidades reales -no vistas en más de 20 años- precisamente porque el juego cambia de “acuerdos informales” a “reglas verificables”. Eso no elimina el riesgo; lo transforma. Y en mercados emergentes, transformar el riesgo suele ser la diferencia entre especulación y negocio.

En el fondo, esta visita no anuncia amistad: anuncia arquitectura. Si esa arquitectura convierte incertidumbre política en riesgo contractual manejable, el capital llegará. Si no, quedará la foto. Y el hemisferio seguirá discutiendo política, mientras otros siguen comprando influencia con energía.