En días pasados, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jose Fernando Reyes Cuartas, les contó a los colombianos que debió presentar dos tutelas para que fueran entregados los medicamentos a los que tiene derecho como usuario del sistema de salud, contó además que lleva afiliado a la misma EPS desde 1997 y que nunca había tenido que acudir a esta acción para exigir sus medicamentos. La noticia no sorprendió, pues como él, miles de colombianos a diario tienen que acudir a través de ella a amparar sus solicitudes, porque no les responden sus derechos de petición para que les autoricen los tratamientos o las cirugías, o les entreguen sus medicamentos o para que les agenden una cita con especialista. No debería ser así, pero el desgreño administrativo de la salud, la ausencia de los giros oportunos y suficientes por parte del Gobierno Nacional a las EPS para atender a los usuarios y pagar los servicios a los centros hospitalarios, la suspensión en la entrega de medicamentos ha generado un caos en el servicio que cada vez se agrava más. Para 2022, por cada $100 que recibían las EPS del Gobierno Nacional, aquellas pagaban $102 en servicios de salud, lo que las llevó a la insolvencia. Para agravar el tema financiero de la salud, el Gobierno Nacional no está al día en los giros de los presupuestos máximos, que son los dineros que se apropian para pagar servicios no PBS, o no cubiertos por el plan básico de salud.
Para este año 2024, ante el clamor de las EPS, la advertencia reiterada de la Corte Constitucional y la presión de los usuarios, el Gobierno fijó el incremento de la UPC, en 12,1%, soportado en la inflación que fue de 9,73%; pero 5% de estos recursos que totalizados son $1.444.086 anuales por afiliados al régimen contributivo y $1.256.076 anuales por afiliado en el régimen subsidiado, deben por mandato del Gobierno obligatoriamente invertirse en equipos básicos de salud, para atender a afiliados en sus casas lo que representa una nueva carga que no estaba presupuestada, por lo que, lejos de hacerse un incremento real de la UPC, lo que se hizo con esta nueva obligación fue disminuirla. Las medidas populistas cuando no hay recursos suficientes terminan produciendo la afectación para mal a la gran mayoría de la sociedad. El déficit que enfrenta el sistema de salud para el financiamiento en 2024 es de $9,4 billones.
El Gobierno Nacional anunció la radicación en las cámaras legislativas una vez más de su reforma, cuyo texto será igual al anterior, hundido ya en la comisión séptima del Senado. La tozudez del Presidente no le ayuda, sus ministros obsecuentes no se atreven a disentir y para ganar méritos con su jefe radicalizan más sus posiciones; sin duda aprendieron la lección: en este Gobierno disentir se paga caro y si no, que lo digan los exministros Jose Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria y el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. En esta administración es condición ser obsecuente si el propósito principal es conservar el puesto.