No se han cumplido dos años aún desde que el gobierno Petro sancionó su reforma tributaria y pretende ahora que el Congreso de la República le apruebe la segunda. La que nos impuso en 2022 gravó y elevó el IVA a la mayoría de los alimentos, incluidos los de la canasta familiar, aumentó el impuesto al consumo en restaurantes, disminuyó los montos para la declaración de renta de las personas naturales, elevó los impuestos a los tiquetes aéreos y en los servicios hoteleros, redujo exenciones, elevó la carga tributaria a las empresas, y por supuesto, desincentivó el empleo.
A la par con los nuevos recaudos, hemos visto crecer exponencialmente la burocracia y los gastos de funcionamiento del sector público, con la creación de nuevas instituciones innecesarias como el Ministerio de la Igualdad, el Instituto de las Energías de la Transición, 10 embajadas, la mayoría en el África para darle gusto a la vicepresidente, y la de Palestina para recibir los aplausos del grupo terrorista Hamás, más de 200 cargos diplomáticos, entre otras posiciones que engordan la inflación burocrática.
No contento con el nuevo aparato burocrático, la administración Petro y su soberbio, pero obediente Ministro de Hacienda, pretenden que el Legislativo les apruebe una segunda reforma, la que ya empiezan a rechazar las centrales obreras que quieren independizarse de la demagogia.
El proyecto del gobierno tiene el propósito de disminuir el monto sobre el cual se cobra el impuesto al patrimonio, de $5.000 millones a $1.800 millones, lo que gravaría a parte de la clase media; eleva el impuesto al carbono que es una manera disfrazada de aumentar el costo de la gasolina, el diésel y el gas, con lo cual se encarecerán todos los productos, empezando por los alimentos; grava los activos improductivos que no están definidos, y que llevaría a una calificación subjetiva de la propiedad por parte de funcionarios administrativos; reduce de 40% a 35% las exenciones tributarias que aún existen para personas naturales.
Ampliar la regla fiscal es otra de las propuestas absurdas del gobierno, cuando tenemos una deuda que llega a 55% del PIB, límite máximo permitido. La semana anterior, la Ocde le recomendó al gobierno no aumentar la regla fiscal y simplificar la tributación, disminuir el gasto público, propósitos que este gobierno desatiende.
Sería absurdo que el Congreso de la República aprobara el proyecto de reforma tributaria, tan grave como aprobar la ampliación de la regla fiscal, nuestro seguro de confianza frente a las calificadoras de riesgo y los mercados de crédito internacionales.
Lo que debe hacer el gobierno es recortar los gastos desmedidos de funcionamiento, congelar el crecimiento de la burocracia, fusionar entidades que tienen similares funciones, combatir la corrupción, eliminar subsidios que fomentan la vagancia, reducir los gastos de publicidad y las manifestaciones populares financiadas con nuestros impuestos, cuyo fin es aplaudir incondicionalmente la lucha de clases que promueve el Ejecutivo. Es preferible estimular a las empresas y a los ciudadanos para que puedan generar empleos, porque como decía Ronald Reagan, “el mejor subsidio en un empleo.”