¿Prioridad? Financiación total de campañas electorales

Cursa en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para reformar la estructura del sistema electoral, tema recurrente que en varias ocasiones, distintos gobiernos han intentado impulsar sin éxito. Entre los puntos que este acto legislativo pretende consagrar, figura la financiación total por parte del Estado, o sea de los contribuyentes, del costo de las elecciones de los candidatos a 172 curules de diputados, 280 congresistas, 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.166 concejales y de los candidatos presidenciales.

Los argumentos que motivaron este proyecto deben ser los de siempre, que hay que acabar con la financiación procedente de personas particulares a las campañas políticas porque ésta es fuente de la corrupción, pero aquí hay que tener en cuenta que los dineros corruptos que salen del bolsillo de algunos particulares provenientes de la contratación estatal, o de las comisiones de negocio que por tráfico de influencias se hacen con el estado o de peculados, o sea platas mal habidas cuya práctica malsana no desaparecerá por el hecho de acabar con la financiación de dineros particulares en las campañas políticas. ¿Los dineros corruptos que permean las campañas electorales procedentes del narcotráfico, la minería ilegal, los grupos subversivos, el robo de la gasolina, también desaparecerán por el hecho de acabar con la financiación privada?

La corrupción continuará a manos llenas porque su propósito no es la financiación de campañas electorales, sino una red de negocios que están por fuera de la ley. Este proyecto de acto legislativo puede derivar en que los candidatos honestos, que sin duda los hay, cumplan la ley y queden a merced exclusiva de la financiación estatal, mientras muchos de sus contrincantes, por debajo de la mesa, seguirán recibiendo financiación particular ilegal y además recibirán la estatal, poniendo franca desigualdad para sus oponentes.

Independientemente de las buenas intenciones que pueda perseguir este proyecto de norma que de buena fe, pero con gran dosis de ingenuidad, busca sanear las malas prácticas en la financiación de las campañas electorales, debemos preguntarnos: ¿está el fisco en condiciones de asumir semejante gasto? ¿no es pesada carga fiscal para los contribuyentes financiar como lo vienen haciendo, el funcionamiento de 33 agrupaciones políticas y la reposición en dinero de una parte del costo de cada voto que obtienen los miles de candidatos a todas las corporaciones públicas y cargos uninominales? ¿estamos nadando en plata para asumir este gasto?

En las actuales condiciones de insuficiencia de fondos en que está Colombia, con la caída dramática de sus recaudos, las menores exportaciones, una deuda pública cada vez más difícil de pagar, es insensato pretender cargarles a los contribuyentes la inmensa carga de financiar totalmente las campañas electorales.

Mejor sería hacer un esfuerzo para fortalecer el proceso de resultados que frente a la lucha contra la corrupción deben arrojar la Contraloría Nacional, la Fiscalía General, la Procuraduría y, por supuesto, los órganos de la justicia. Miles de procesos están retardados en estas instituciones porque, a pesar de contar ellas con tecnología y un gran número de funcionarios, ambos son insuficientes para combatir la corrupción que trata de invadirlo todo.

Actuar responsablemente es imperioso, frente a las angustiosas prioridades del pueblo colombiano, entre las que no figuran su obligación de financiar totalmente las campañas electorales.