Una política vergonzosa

La semana anterior se produjeron dos hechos políticos y jurídicos que atañen a Colombia y a Venezuela. Uno de ellos fue la decisión de la sala de consulta del Consejo de Estado de nuestro país, que conceptúo que, el Consejo Nacional Electoral tiene plena competencia para investigar el proceder de los actos de las campañas presidenciales por concepto de violación de topes. El otro hecho que se produjo fue la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, al avalar la decisión del CNE de ese país, con la cual le robó las elecciones a Edmundo González, como presidente electo, el pasado 28 de julio.

Días después de esta decisión espuria, uno de los rectores del CNE de Venezuela, Juan Carlos del Pino, desde Nueva York, dio declaraciones en las que afirmó que el informe que ese órgano dio acerca del resultado electoral, no tiene sustento en las actas de los escrutinios, las cuales, no se dieron a conocer a los testigos electorales como ordena la ley y las que no fueron contabilizadas en su totalidad.

Estas declaraciones de Del Pino son un golpe contundente a la dictadura, pues las dice uno de los cinco rectores del CNE del vecino país; todo indica que las actas de las elecciones en donde se constató la derrota de Maduro, fueron destruidas. Sin embargo, miles de testigos de la campaña de Edmundo González, lograron hacerse a los resultados por medios electrónicos y físicos, como evidencia incontrovertible del triunfo de este. Hay que destacar que uno de los pocos observadores internacionales invitado por el régimen de Maduro a las elecciones, el Centro Carter, descalificó el proceso electoral llevado a cabo por falta de transparencia.

Obstinado el régimen de Maduro en conservar el poder, carcomido por la arbitrariedad y la corrupción de sus dirigentes y militares, ha recurrido a la represión contra su propio pueblo, encarcelando a más de 2.000 ciudadanos por disentir de la falta de transparencia en las elecciones, acusados de terrorismo, entre ellos cientos de jóvenes de los que han sido asesinados más de 30.

¿Frente a estos hechos repudiables, cuál ha sido la posición del gobierno de Colombia? ¿Por qué calla nuestro gobierno frente a la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela?, ¿Por qué calla nuestro gobierno frente al robo de las elecciones en el vecino país y avala con su silencio el fraude contra la democracia?, fraude que jamás ha condenado a pesar de las evidencias.

Pero hay algo más, el gobierno de Colombia frente al fraude electoral en Venezuela, no ha hecho cosa distinta que seguir las decisiones del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ya dijo que al gobierno de Venezuela no se le podía calificar como una dictadura. Conocida la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que avaló el fraude del CNE de ese país, le preguntaron al canciller de Colombia que opinaba de ello, su respuesta tibia fue: “seguimos en consultas con el presidente Lula.” Desde el fraude en Venezuela y para no condenar a Maduro y a su régimen corrupto, Colombia renunció a cualquier iniciativa sobre este tema y en una actitud vergonzante decidió ir a la zaga de lo que piense, diga, decida el presidente Lula da Silva y su cancillería.