Las grandes transformaciones que proponen los proyectos de reforma laboral y pensional presentados por el Gobierno Nacional al Congreso, demandan un estudio juicioso y concienzudo por parte del Legislativo para que se cumpla el cometido de entregarle a los colombianos, normativas sólidas que realmente cumplan el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores y pensionados del país. Atendiendo a esta responsabilidad, nos encontramos revisando los textos y escuchando a los distintos sectores para buscar puntos de consenso y disensos que nos permitan construir normas comprensivas con la realidad nacional.

Como es propio en la discusión, los proyectos de ley ya cuentan con reparos de todo tipo debido a las implicaciones sociales y económicas que podrían generar, de aprobarse los textos, tal y como están. Uno de los más cuestionados es el referente al trabajo rural, que tiene todo un capítulo en el texto de reforma laboral. Aunque el Gobierno Nacional desarrolló varias mesas de trabajo con representantes de los gremios para la concertación de los documentos definitivos de las reformas, los textos radicados dejaron un sinsabor, por la inclusión de nuevas versiones de redacción en el articulado, que modifican lo acordado.

Las principales preocupaciones giran en torno a temas que impactan la actividad del campo como el contrato agropecuario, las condiciones de derecho individual, y las disposiciones de derecho colectivo. Si bien la reforma laboral contempla una modalidad especial de contrato para el trabajo agropecuario, existen varias inquietudes para que esta regulación realmente refleje las normas que se requieren para contribuir a la formalización y dignificación del trabajo agropecuario. En este punto, no se están teniendo en cuenta las realidades del trabajo en el campo, que depende de los ciclos de las cosechas y el trabajo por horas.

La regulación del contrato agropecuario establece restricciones en cuanto a la definición y exclusión de las actividades que se consideran como agropecuarias. Además, establece la conversión del contrato de trabajo a término indefinido después de 27 semanas continuas con el mismo empleador y un derecho de preferencia para renovar contrato en próximas temporadas, cíclicas o periódicas. Sin embargo, el articulado no es claro en cuanto a las condiciones económicas, de posibilidad y de rendimiento financiero que los empleadores deben considerar para garantizar estas prerrogativas. Esto puede generar un encarecimiento de la actividad, sin tener en cuenta la necesidad de garantizar la formalización del empleo rural.

El tema de las garantías para la vivienda del trabajador rural genera inquietudes sobre las responsabilidades del empleador, así como la estabilidad laboral reforzada, la tercerización, la modificación de horas extras y nocturnas, el fortalecimiento sindical, entre otros puntos, que deben ser debatidos a profundidad.

Que la reforma pensional no contemple ninguna disposición específica referente al régimen de los trabajadores agropecuarios es paradójico. Los colombianos exigen coherencia en las reformas que se aprueben en el Congreso. Dignificar el trabajo de los agricultores, sin destruir la actividad, debe ser el objetivo principal.