Se repite la misma historia. Con los embalses en mínimos históricos y un fenómeno de El Niño que aprieta, la salida más rápida vuelve a ser la de siempre: descargar el costo de la emergencia sobre los usuarios. En vez de apretarse el cinturón con soluciones de fondo, ajustar la planeación o pedirles cuentas a los operadores del sistema, prefieren el camino fácil de castigar el bolsillo de los hogares y las empresas. Cada crisis climática termina convertida en el pretexto perfecto para subir las tarifas, mientras las verdaderas soluciones no pasan de ser buenas intenciones.
Las advertencias no dejan de resonar. Hace apenas unos días, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, reconoció la amenaza de nuevos incrementos en las tarifas de energía. Todo esto en medio de un malestar cada vez más evidente con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuyas medidas, lejos de aportar claridad, terminan reforzando la idea de que los platos rotos de la gestión energética siempre los pagan los consumidores, pasando por alto las diferencias geográficas del país. La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta cuándo el clima y la regulación seguirán siendo la excusa para apretar el bolsillo de la gente?
El panorama del mercado eléctrico presagia una tormenta perfecta para las comercializadoras que dependen de la compra de energía en bolsa. La vulnerabilidad es extrema: Electrovichada opera con un riesgo de 100%, Gensa en el Eje Cafetero roza 95% y Air-e -hoy bajo intervención estatal- llega a un alarmante 55%, más del doble del promedio del sector, que se ubica en 23%. Dejar a estas empresas a merced de la volatilidad bursátil es una mecha encendida hacia las tarifas. Si el gobierno no interviene de inmediato, el golpe para el bolsillo de los usuarios superará 30% a partir de 2027.
El golpe sería devastador para la región Caribe, donde el costo de la luz es desde hace años un dolor de cabeza permanente para familias, comercios e industrias. Seguir dejando a empresas como Air-e a merced de la bolsa equivale a jugar con candela: en un mercado impredecible y dado a las especulaciones de precio, cualquier apretón de la oferta se traduce de inmediato en alzas desmedidas. El peligro real no es solo el descuadre financiero de los comercializadores, sino que la factura la terminen pagando los usuarios, como siempre, y que se agrave la crisis tarifaria en la costa Caribe, que ya no aguanta más.
Con el consumo energético disparado en el país, el gobierno no tiene margen para la vacilación. El reto va mucho más allá de evitar los apagones: se trata de blindar a los usuarios frente a la volatilidad del mercado y acabar con la costumbre de cobrarles cada grieta del sistema. Hace falta un timonazo en dos tiempos: medidas de urgencia para congelar la escalada de las tarifas hoy, y soluciones estructurales que impidan que el costo de la energía siga asfixiando la economía de los colombianos mañana.