De manera descarada, algunos gremios y el Gestor del Mercado de Gas Natural han aprovechado la crisis energética del país para pescar en río revuelto. Afirmando, sin sustento alguno, que existe un déficit, iniciaron esta semana la comercialización de gas importado. Un lucrativo negocio que deja contra las cuerdas a las familias colombianas que de regalo de Navidad recibirán otro golpe a sus bolsillos.

Cuando revisamos los últimos informes del Gestor del Mercado, se observa una producción de gas nacional, que inyecta al SNT, hasta 920 Gbtud y un consumo residencial de 180 Gbtud. El consumo de las térmicas de gas Nacional es como mínimo 60 Gbtud y la importación supuestamente para los residenciales es de 30 Gbtud. Si el país puede producir entre 4 y 5 veces el gas consumido por los usuarios, no hay justificación para importar gas, mucho menos para el sector residencial, que está priorizado con gas nacional. Sin embargo, valiéndose de la especulación, los agentes del sector han optado por gas importado, el más costoso para el usuario final.

El complot para subir las tarifas de gas a los usuarios del segmento regulado correspondiente a los residenciales cuenta con el aval de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg), que con la resolución 102009 de 2024, emitida el pasado mes de agosto, para permitir mayor flexibilidad en los contratos, abrió la puerta a la concentración del gas en unos pocos comercializadores. De esta manera, la Creg validando las especulaciones sobre el déficit de gas con informaciones a medias, entregó el control a los causantes del principal problema, quienes están induciendo al aumento injustificado de precios para los colombianos.

Preocupa el impacto directo que tendrá el incremento del precio del hidrocarburo, en los usuarios más pobres y menos favorecidos de los estratos 1, 2 y 3. La importación de gas para residenciales es una decisión absurda e indolente con los colombianos, que indiscutiblemente están desprotegidos ante las reprochables actuaciones de una Comisión que en lugar de priorizarlos, los deja en manos de particulares que buscan aprovechar las dificultades para enriquecerse.

En medio de este inquietante panorama, celebramos que el Ministerio de Minas y Energía atendiendo nuestras denuncias, anunciara el inicio de una serie de investigaciones para esclarecer las condiciones en las que se realizaron los contratos de comercialización y las razones por las cuales algunos agentes optaron por gas importado en lugar de utilizar la producción local. Falta que también se investigue la actuación de la Creg que bajo el argumento de proteger y priorizar la demanda residencial se ha convertido en un lobo vestido de oveja, que da la puñalada por la espalda.

El amiguismo que prima en el sector está perjudicando a los colombianos y beneficiando a unos pocos. Solicitamos al Ministerio de Minas y Energía prohibir, de manera urgente, que los costos del gas importado y los costos asociados al transporte de este, sigan siendo pagados por los usuarios residenciales y los más necesitados de nuestro país.