Para incluir las energías renovables como un sector clave en la reactivación económica del país, resulta imprescindible destrabar los proyectos de generación sostenible que se encuentran bloqueados en La Guajira por falta de acuerdos con los grupos étnicos, en los procesos de consulta previa.

Uno de los grandes retos para activar este motor de crecimiento económico será aminorar las tensiones y despejar las dudas de las comunidades indígenas alrededor de estos proyectos, que para el 2022-2023 tienen compromisos de generar 915,6 GWh-año de energía firme. Recientemente la Procuraduría solicitó al Ministerio de Minas y a la Upme suspender la ejecución de los proyectos solares y eólicos que se están desarrollando en el departamento de La Guajira, debido a las inquietudes existentes frente a las consultas previas y licencias ambientales. La gran preocupación derivada de esta medida no es para menos, teniendo en cuenta las graves consecuencias del estancamiento de este tipo de proyectos en medio de una pandemia como la que estamos viviendo.

No podemos ignorar, el gran manto de dudas que se ha tejido alrededor de las denuncias realizadas. Por un lado, se encuentran los reparos presentados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y las comunidades indígenas que aluden no haber sido informadas ni consultadas sobre los nuevos proyectos antes de su ejecución. Y por el otro, están quienes afirman que detrás de las tutelas se encuentran particulares que buscan entorpecer los avances de estos proyectos.

La anterior afirmación, toma fuerza cuando encontramos que en 2019 el Tribunal Superior de Riohacha revocó un fallo a favor de las comunidades por no encontrar mérito ni fundamento en sus reclamos acerca de ser excluidos de las consultas previas, y se complementa con el hecho de que según la Corte Constitucional, la consulta procede aun cuando el proyecto haya finalizado.

Cambiar el panorama de las energías renovables en Colombia no ha sido una tarea fácil. De forma gradual, el país ha logrado aumentar la participación de las renovables en la matriz energética pero todavía existe una gran deuda por el rezago de años en el escenario del desarrollo sostenible, que logramos activar, luego de la promulgación de Ley 1715 de 2014 que impulsamos en el Congreso de la República para abrir las puertas de las energías limpias en el país.

Acierta el Gobierno al apostarle a las fuentes de generación no convencionales para lograr la diversificación de la economía, la creación de nuevos empleos y la reactivación de la industria. Preocupa que los más de 55.000 empleos que proyecta el Gobierno se generen en el sector estén en veremos, debido a que más de la mitad de los proyectos se encuentran en dificultades por las consultas previas. Es alarmante que un mecanismo de participación se esté utilizando con propósitos que contravienen el desarrollo del país. La consulta previa no puede convertirse en un obstáculo en esta etapa de consolidación del sector de las energías renovables y rescate económico, es preciso armonizar los procesos que requieren el desarrollo de este tipo de proyectos, corregir los inconvenientes en los trámites, la ineficiencia de las autoridades, así como también lograr la correcta implementación de las herramientas digitales, para que se puedan generar consensos que permitan continuar con el proceso de transformación energética, que promete un sin número de inversiones, necesarias para encender el motor de la reactivación.