La pesca ilegal en aguas marinas del estado Colombiano es un problema que requiere ser atendido de manera urgente, no solo por el deber de proteger los recursos hidrobiológicos, la seguridad alimentaria, el empleo y la soberanía nacional, sino porque también, su práctica involucra otras actividades delictivas como el homicidio y la explotación de seres humanos en contextos de difícil detección. Todo ello sumado al eventual deterioro ambiental a que conduce una actividad sin control que puede ser adelantada por embarcaciones nacionales y extranjeras. El asunto no es menor si se tiene en cuenta que al ejercicio ilegal de la pesca, se le suma la sobreexplotación de recursos, haciendo menos productivo el subsiguiente ejercicio. Igualmente, esto conlleva graves afectaciones medioambientales e incluso la extinción de especies en determinadas regiones, problemática que afecta negativamente los ecosistemas, y a las comunidades que habitan esos lugares, pues, finalmente lo que en un momento constituyó su subsistencia desaparece, generando la imposibilidad de continuar ejerciendo la actividad económica y comprometiendo la seguridad alimentaria de familias en condiciones de vulnerabilidad.

Las cifras del PIB 2020 reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), mostraron que, mientras la economía registró una caída de 6,8%, la subcategoría pesca y acuicultura creció 22,1%, alcanzando los $2,5 billones, una cifra que apalancó el crecimiento del sector agropecuario y aportó al crecimiento del PIB. Ante la significativa incidencia que tiene el subsector en el crecimiento económico del país y su impacto en el entorno medioambiental y social, se hace imprescindible regular estas actividades.

Por ello, el pasado 24 de marzo, radicamos ante la Secretaría General del Senado de la República, el Proyecto de Ley 338 de 2022, que tiene por objeto modificar las disposiciones relativas al procedimiento administrativo sancionatorio por infracciones en materia de acuicultura y pesca, contempladas en la ley 13 de 1990 y la ley 1851 de 2017, y establecer otras disposiciones. Con esta iniciativa buscamos que el control de la pesca y la acuicultura no solo pase por la mejora en los procedimientos sancionatorios y la inclusión de las nuevas tecnologías satelitales, sino que también se tomen medidas urgentes para que la gestión estatal sea más eficiente y no conduzcan al ejercicio ilegal.

Este proyecto no es una propuesta aislada orientada a atender una parte de los problemas, corresponde a una estrategia de largo aliento trazada por la Autoridad Nacional para la Acuicultura y la Pesca (Aunap), apoyada y reforzada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entendemos que no basta con fijar prohibiciones fundadas en apreciaciones técnicas y científicas, sino que además, se requiere de la existencia de mecanismos que logren el respeto de dichas medidas, pues es la materialización del acatamiento de esas prohibiciones lo que logra que se detenga la sobreexplotación, que se preserve la especie, que se respete el medioambiente y que se haga viable el futuro laboral y económico de diversas comunidades vulnerables que dependen de esa actividad pesquera.