Es definitivo que la política de transición energética en Colombia debe pasar de las buenas intensiones a los hechos. Llevamos casi un año escuchando discursos que aún no logran materializarse para por fin superar los cuellos de botella que continúan alterando la dinámica del sector.

Además de la conflictividad social con las comunidades wayúu de La Guajira por los procesos de consulta previa, los proyectos enfrentan bloqueos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que con su constante negativa se distancia de la transición energética, así como también, la negativa de distintas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, que no facilitan los procesos.

Por si fuera poco, la nube negra que rodea los proyectos de generación sostenible en Colombia, se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permite el aumento en las transferencias de 1% a 6%. Un impuesto contradictorio, dentro de un Gobierno que proclama la transición energética como su principal bandera. Desde luego, estamos a la espera de que la Corte Constitucional tumbe este artículo, que consideramos es inconstitucional y desincentiva el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Hace unos días, el Foro Económico Mundial en su informe The Energy Transition Index (ETI), confirmó nuestros temores acerca del retroceso que viene presentando el país en su desempeño y avance en transición energética. Con un descenso de 10 puestos en el Índice de Transición Energética del WEF (por sus siglas en inglés), se corrobora la perdida de liderazgo que viene registrando Colombia por sus retrasos en la entrada nuevos proyectos al sistema. La epidemia de dificultades que ha contagiado a muchos de los proyectos, mantiene al sector con una baja participación, amenazando su crecimiento.

Reconocemos los esfuerzos que está realizando el Gobierno Nacional frente a los proyectos que se encuentran empantanados en La Guajira, y vemos con buenos ojos la firma del pacto para la ‘transición energética justa’, realizada hace unos días, como también la buena noticia del cierre de las 235 consultas previas de la línea de interconexión Colectora. Sin embargo, consideramos que aún sigue siendo insuficiente, se necesita que se lleven a la realidad los compromisos, enfocados en destrabar los 2.400 megavatios que están en veremos.

Son inmensos, pero no imposibles los retos que tiene en sus manos el gobierno nacional para impedir que se siga paralizando la transición energética. Así las cosas, es impostergable concretar las vías para acelerar los procesos de los proyectos que presentan retrasos en su entrada en operación. Pero está claro, que nada se podrá lograr sin el apoyo decido de las Entidades que tienen en sus manos el desarrollo de las energías limpias.
Pedimos al gobierno del presidente Gustavo Petro pasar a los hechos con una política real de transición energética que contribuya al mejoramiento de los procesos actuales, y brinde estabilidad macroeconómica y jurídica para el desarrollo de nuevos proyectos de generación sostenible.