Entre los puntos más polémicos de la Reforma Tributaria, presentada por el Gobierno Nacional la semana pasada, están los distintos cambios que plantea frente al impuesto a las ventas (IVA). La preocupación por la modificación de la lista de productos gravados y la eliminación de la categoría de exentos tiene en vilo a muchos sectores en el país, entre ellos al de las energías renovables no convencionales, que se vería afectado en esta propuesta.

El artículo 36 del proyecto de ley ‘Solidaridad Sostenible’ establece empezar a gravar con el 5% a inversores de energía para sistema de energía solar con paneles, a los paneles solares, y al contralor de carga para sistema de energía solar con paneles. Una verdadera contradicción por parte de un gobierno que dice apostarle a la transición energética como principal política pública.

Sacar estos bienes y servicios del grupo de excluidos sería un gran reversazo frente a lo avanzado en el país luego de la aprobación de la Ley 1715 de 2014 y del Plan Nacional de Desarrollo en el 2019, que abrió la puerta a una serie de beneficios tributarios, incluida la eliminación del IVA a los paneles solares, produciendo la activación y crecimiento del sector fotovoltaico.

Mientras el mundo avanza a pasos agigantados en la diversificación de sus fuentes de energía para hacerlas más sostenibles y acelerar la reducción de gases contaminantes, los planes en Colombia trazados por el Ministerio de Minas y Energía para que en el año 2030 cerca del 10% de la generación de energía eléctrica del país provenga de campos solares, son saboteados por el mismo Gobierno Nacional al incluir este impuesto en la reforma fiscal.

Esta propuesta supone un gran riesgo para la próxima subasta a largo plazo de energías renovables, que tiene programada el Minminas con el propósito de acelerar la diversificación de la matriz energética. Sumar este nuevo gravamen tributario, crea inestabilidad jurídica y cambia el panorama para los inversionistas, además de disminuir el interés y la competitividad. A la vez que pone en peligro los ambiciosos planes de ciudades como Barranquilla que han decidido apostarle a la generación de energía solar fotovoltaica a gran escala.

Justo cuando apenas empezábamos a ver los primeros frutos de los esfuerzos realizados durante los últimos años para lograr la incorporación de las energías renovables no convencionales al sistema y el crecimiento del sector, llega esta desacertada propuesta para obstaculizar y torpedear su desarrollo. Si bien el país necesita una reforma que ayude a aliviar las finanzas públicas y a cubrir el déficit fiscal, no es pertinente hacerla gravando a un sector que apenas está en crecimiento y que es clave en la reactivación económica.

Para lograr una transición energética se requiere que el Gobierno impulse de manera activa las energías renovables no convencionales, no que frene su dinamismo con nuevos impuestos que propicien un escenario desfavorable. Invito al ejecutivo a buscar nuevas fórmulas coherentes para salir de esta crisis, con propuestas que no pongan en riesgo lo ganado hasta ahora.