Un tema que despertó gran polémica durante la campaña presidencial fue la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, de suspender la exploración y explotación de yacimientos no convencionales una vez llegara a la Casa de Nariño. Si bien en estos momentos el discurso tiene otras luces, un poco más tranquilizantes para el sector, sigue rondando la incertidumbre alrededor del futuro de la política minero-energética y petrolera del país.

Como defensor y autor de las leyes que han sido claves en el camino hacia la transición energética en Colombia, siempre he sido claro en afirmar que para alcanzar los objetivos que tenemos en este sentido, como lo son: la diversificación de la matriz energética, la descarbonización, la pluralidad de agentes del mercado de energía mayorista, entre otros, necesitamos contar con el respaldo de la industria petrolera. Solo de esta manera podremos lograr una conversión confiable y sostenible hacia las energías renovables.

Aunque reducir la alta dependencia que tenemos de la generación hidroeléctrica y los combustibles fósiles, es indispensable para lograr una transformación sostenible del sector energético, hacerlo de manera abrupta nos dejaría vulnerables en materia fiscal y energética. Teniendo en cuenta que se trata de una industria que representa 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y aporta hasta 15 % de las rentas que ingresan a las arcas públicas, es urgente que el nuevo gobierno empiece despejar el horizonte, escuchando al sector y revisando los impactos que tendría un veto a la exploración y desarrollo de crudo en la economía colombiana.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en un eventual debilitamiento de la producción de hidrocarburos en el país, el desplome del petróleo llegaría a ser de 47 % y en gas de 27 %, en cinco años, lo que llevaría a la importación de gas desde 2026 y de petróleo en 2028, generando una pérdida de seguridad energética y la reducción de US$$68.000 millones en divisas para Colombia entre 2022 y 2026, situación que afectaría de manera directa a las familias más pobres y vulnerables.

Aumentar la participación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) en Colombia de manera gradual, así como seguir potenciando los recursos de crudo y gas con el propósito de contar con energía de respaldo e ir ampliando la canasta exportadora, es crucial para evitar un desbalance y sus nefastas consecuencias. La crisis energética mundial nos está recalcando la importancia de diversificar la matriz energética y lo inconveniente que resulta eliminar de tajo los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Aplaudimos la bandera por la protección del medio ambiente y los recursos naturales del gobierno electo, esta siempre ha sido la visión con la que he trabajado desde el Congreso de la República. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y ser prudentes con la nueva política energética que se plantee en el país. Por lo que, de manera respetuosa, pedimos al presidente Petro, convocar al diálogo en el sector para empezar a aclarar las dudas e iniciar, entre todos, la construcción de una agenda energética incluyente, que garantice a los colombianos la protección del medio ambiente, la seguridad energética y una transición responsable.