El derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas que se encuentran en el área de influencia de los proyectos, obras o actividades (POA), no puede seguir siendo visto como esa piedra en el zapato que impide el avance de los proyectos del sector minero energético. Por el contrario, debe ser percibido como la oportunidad para darle solidez y equidad al desarrollo sostenible del país.

En este momento de recuperación económica resulta oportuno conciliar la visión que tienen las ramas del poder, las empresas y las comunidades acerca de la consulta previa. Armonizar los procesos que se dan en este mecanismo de participación a través de un ejercicio transparente, responsable y garante, desde todas las partes, es una tarea posible que requiere mucha disposición.

Así lo evidencian los avances en los acuerdos de consulta previa que ha logrado estos últimos meses la empresa Cerrejón, con consensos con 195 comunidades. Otro ejemplo de un exitoso ejercicio caracterizado por el acompañamiento, diálogo constante y buen relacionamiento es el de ISA Intercolombia, que surtió de manera exitosa la etapa de consulta previa dentro de los proyectos de transmisión de energía eléctrica con los que busca aumentar la capacidad instalada del parque de generación del Sistema Interconectado Nacional.

El panorama para el desarrollo de proyectos de generación sostenible en los próximos años es prometedor. Según la Asociación de Energías Renovables Colombia, para los próximos dos años se espera inversión de más de $11 billones en proyectos eólicos y solares, que, entre otras cosas, ayudarán a reducir más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, la entidad ha alertado que 12% de este tipo de generación se vería comprometida o retrasada por el estado de los procesos en consultas con las comunidades, especialmente de La Guajira.

La actual situación de algunos de estos proyectos minero energéticos, aviva el debate sobre la urgencia de reglamentar la consulta previa, para dar claridad en todos los aspectos del proceso, así como también una mayor seguridad a los inversionistas. Si bien han existido varios intentos por establecer un marco normativo, todos han sido fallidos. La última iniciativa, presentada en el Congreso para regular este derecho fundamental fue un proyecto de ley, duramente criticado por los representantes nacionales de los pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, palenqueros, roms y raizales, debido su falta de socialización: una paradoja que llevó a su retiro.

Ante la manifiesta necesidad, y mientras se avanza en la construcción de una nueva Ley con la participación de las comunidades, es clave que en los procesos de consultas se atiendan los principios para la protección e integridad de los pueblos indígenas y del ambiente, como la subregla definida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-123 de 2018, que determina que: “La consulta previa es un derecho de la comunidad étnica, su protección tiene efectos colectivos y no beneficios individuales”. Un parámetro que no solo deben aplicar empresas, sino también particulares que muchas veces buscan entorpecer el desarrollo.

Así las cosas, uno de los mayores retos del sector para seguir creciendo y acelerar su dinámica, se centra en aminorar las tensiones y despejar dudas de las comunidades indígenas alrededor de los proyectos. Aspectos que se construyen dando confianza y garantías de participación oportuna y efectiva en la toma de decisiones de las obras que puedan afectar a las comunidades.