La desproporcionada reducción que el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigencia fiscal 2022 plantea para el sector minero energético contradice el llamado que el Gobierno le ha realizado a liderar la reactivación de la economía sostenible. Al mermar sus oportunidades se compromete seriamente el desarrollo de las energías renovables de fuentes no convencionales, los planes de movilidad sostenible, la seguridad energética, la diversificación minera, la actividad exploratoria, entre muchos otros.

En el informe al Proyecto de Ley 96-21 Senado -158-21 PGN, que emitimos los miembros de la Subcomisión delegada por la Comisión Quinta del Senado de la República, para el estudio del presupuesto asignado al sector de Minas y Energía, manifestamos nuestras preocupaciones respecto a la exagerada disminución de recursos que se presenta para la vigencia 2022. Un recorte de 23,45% que tendría un fuerte impacto sobre todo el sector.

Pasar de contar con $6 billones en 2021 a $4,6 billones en 2022 es altamente preocupante para un sector que es generador de grandes recursos y fundamental para el desarrollo del país. Esta propuesta, que además está centrada en reducciones de hasta 30% en los rubros de funcionamiento y subsidios, va en contravía con la política social que ha trazado el Gobierno y sus planes para que este sea uno de los sectores que más dineros aporte en la reactivación económica.

En un campo tan importante como los subsidios de energía eléctrica y gas natural, la disminución presupuestal fue muy significativa alcanzado un poco más de $1 billón, una reducción que se traducirá automáticamente en el incremento en las tarifas de los estratos 1, 2 y 3, la población más vulnerable y golpeada en la pandemia. Para este sector, todos los subsidios presentaron una variación porcentual negativa, alcanzando en algunos casos reducciones de más de 50% respecto del año 2021.

Al destinar apenas $1,9 billones para cubrir los subsidios de energía, incluyendo las Zonas No Interconectadas, con lo que se tendrían alrededor de $1,7 billones para los usuarios del SIN, queda clara la intención de eliminar los subsidios, al menos para el estrato 3. Solo para las empresas del SIN, existe un faltante para el año 2022 de $1,7 billones, lo que equivale a dos trimestres completos y 33% de otro. Urge buscar una solución definitiva para la financiación de los subsidios, un rubro para el que todos los años el Ministerio de Hacienda destina recursos insuficientes.

También, es preocupante la disminución del presupuesto de casi $10.000 millones, que se plantea para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), la entidad que se encarga de atender las necesidades energéticas de las poblaciones más apartadas y vulnerables del país. Una reducción que no tiene en cuenta el rol esencial que cumple el Ipse en la transformación de la matriz energética y el desarrollo de estas comunidades.

Si bien este es un PGN atípico por los importantes retos en materia presupuestal y fiscal que tenemos como país, uno de los rectores del Ministerio de Hacienda en la presentación del Presupuesto es la salvaguarda de los programas sociales, así que sería congruente que los subsidios en energía y gas puedan financiarse correctamente. Es importante resaltar que la Contraloría General de la República alertó que Minas y Energía es el sector con mayor disminución. Esto representa un gran retroceso para el desarrollo del país.