Todos sabíamos que tarde o temprano llegaría el día de la intervención de la empresa Air-e por parte del Gobierno Nacional. Desde el primer momento en que este segmento, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue vendido al Consorcio Energía de la Costa, estaba la lápida lista. Ahora, una vez más, se le abre la puerta a la intervención y los riesgos que conlleva si no se hace de manera transparente y con compromiso por la región.

Las nubes están lejos de disiparse y el futuro eléctrico de la región se carga de incertidumbre. Tras el anuncio de la intervención de Air-e y casi de manera inmediata salió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a decir que el Grupo EPM, está dispuesto a vender el 100% de las acciones en la empresa Afinia, el otro lado del mercado de la Costa Atlántica, que padece las mismas dificultades de Air-e.

Los problemas de fondo, tanto de Air-e como de Afinia, derivados de los altos precios en la energía en bolsa, las deudas por concepto de Opción Tarifaria, la falta de inversión, las pérdidas de energía constantes, entre otros, no van a desaparecer de forma mágica con la intervención. Aquí hay que tomar medidas urgentes; la situación financiera de las empresas no admite más dilaciones, ni decisiones a largo plazo.

La elección de Carlos Diago como Agente Especial e Interventor para Air-e, es una bocanada de aire fresco en medio de tanta incertidumbre. El ingeniero Diago va a encontrar los mismos problemas que tiene el actual prestador, pero su experiencia y conocimiento del mercado no lleva a creer que estamos en buenas manos y que el remedio no será peor que la enfermedad. Aunque no podemos olvidar que durante los tres años en que la Superservicios intervino a Electricaribe los indicadores y la prestación del servicio empeoraron. Fue un total fracaso, una intervención que costó a los colombianos más de 13 billones de pesos.

Para salvar a la Costa Caribe de un apagón, garantizar el acceso universal y precios justos, es crucial minimizar los riesgos, equilibrando el interés público con la eficiencia operativa. Se necesitan acciones inmediatas. Es urgente que el Gobierno Nacional realice el pago de los dineros correspondientes a los subsidios en estratos 1, 2 y 3, así como el saldo faltante de la Opción Tarifaria, también realizar el recaudo pendiente por parte de las entidades públicas, y comenzar a implementar estrategias como el cambio a contador prepago para una mejor administración del consumo.

La situación del servicio eléctrico en la Costa Caribe no admite más anuncios fallidos, ni soluciones temporales. Quiero confiar en que habrá luz al otro lado del túnel, pero sería pertinente que los responsables de las decisiones finales no incurran más en la farsa que tanto daño le hace y le ha hecho a la Región. Se conoce el origen del problema, las causas y consecuencias están a la luz pública. Hay que actuar. Cualquier proyección de solución de largo plazo, no es más que la continuidad de un atentado contra los usuarios de la Región y la perpetuidad de un problema que lleva al detrimento económico del Caribe colombiano.