El conflicto en Oriente Medio nos ha recordado, de golpe, lo frágil que es nuestra estabilidad. Mientras unos cuantos sacan cuentas alegres por los ingresos petroleros que se prevén tras la escalada del precio internacional del barril brent, al resto nos envuelve la incertidumbre por el impacto en la economía nacional que traerá esa misma alza de precios. El mercado energético no solo está sensible; está roto, y seguir postergando su replanteamiento es un lujo que ya no nos podemos permitir.

La alta dependencia de los combustibles importados es nuestro talón de Aquiles, una grieta que se ensancha cada vez que estalla un conflicto a miles de kilómetros. Ahora, con el agravante del aumento de las importaciones de gas natural, la preocupación es mayor.

Con precios de petróleo por encima de los US$100, sí aumentan los ingresos de la Nación, pero también se les trasladan a los colombianos mayores costos en transporte, producción y generación de energía, que para la economía interna se traducen en presiones inflacionarias y en una mayor vulnerabilidad frente a la volatilidad del mercado energético internacional.

Apenas empezábamos a sentir un alivio en el surtidor, con el galón en un promedio de $15.000 que nos vendieron como victoria, cuando la realidad internacional volvió a empañar el retrovisor. No hay que olvidar el costo social: pasamos de pagar $9.000 a más de $16.500 en apenas cinco años, un ajuste brutal que disparó los fletes y encareció la canasta básica bajo la promesa de sanear el hueco del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

El Gobierno sacó pecho diciendo que la deuda bajó de $26 billones a poco más de $7 billones y que ya era hora de bajar los precios, pero esa tregua nació muerta. Con el petróleo saltando por las tensiones globales, ese ‘respiro’ fiscal parece más un espejismo que una política sostenible, más aún si no se están firmando nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

La ausencia, durante tantos años, de una fórmula correcta que defina los precios de la gasolina y el diésel potencia esta crisis. En este contexto, resulta necesario realizar una revisión técnica rigurosa del mecanismo actual, con el fin de evaluar la posibilidad de modificar la fórmula que determina los precios y acercar el valor interno al costo real de importación, sin generar distorsiones en el mercado ni trasladar cargas desproporcionadas a los consumidores.

Se trata de encontrar un equilibrio que permita reflejar de manera más transparente la dinámica internacional del petróleo, garantizando al mismo tiempo estabilidad económica y sostenibilidad fiscal.

Lo que la crisis actual deja al desnudo es que hemos vivido de soluciones momentáneas, ignorando las grietas estructurales del sector. Más que apagar incendios, hay que empezar a diseñar una verdadera estrategia. Reducir la dependencia de combustibles importados y fortalecer la autosuficiencia energética debería ser una prioridad, pero ello exige una política coherente que combine seguridad de abastecimiento, estabilidad fiscal y transición energética.

Al mismo tiempo, se hace indispensable avanzar en la diversificación de la matriz energética y en la promoción de fuentes renovables, no solo como una apuesta ambiental, sino como un mecanismo para disminuir nuestra vulnerabilidad frente a los choques externos.