Tras años de capa caída, un viraje en el sector de hidrocarburos resulta tanto necesario como urgente. Que el gobierno de Abelardo de la Espriella ponga su reactivación en el centro de la agenda nacional devuelve la sensatez a la política económica, después del impacto del arrinconamiento de una industria estratégica para el presupuesto del país y la autosuficiencia energética.

El margen de maniobra en materia energética finalmente se agotó. Las cifras de la ANH confirman el diagnóstico: el país perdió un 16,8 % de sus reservas probadas de gas en solo un año -cayendo a 1.717 Gpc-, lo que nos deja un margen de apenas 5,9 años de autosuficiencia. En petróleo, el golpe pareció más suave, con 2.020 millones de barriles que garantizan 7,4 años de consumo, pero el problema estructural es el mismo: Colombia está drenando sus inventarios sin reponerlos.

La postura del nuevo Gobierno sobre la exploración de hidrocarburos revive el debate sobre el fracking, una discusión atrapada durante años en la trinchera ideológica. En este punto, la decisión sobre los yacimientos no convencionales no puede tomarse desde el activismo ni desde la complacencia regulatoria; superar el dogma requiere contrastar sin pasiones los riesgos ambientales y sociales con el impacto económico de no actuar. Las salvaguardas ambientales, el desarrollo territorial y la seguridad energética no son variables contrapuestas, sino las exigencias mínimas para cualquier decisión de Estado en esta materia.

La necesidad de reactivar la exploración y atraer inversión para evitar una costosa dependencia de las importaciones es innegable. Aunque es determinante actualizar y flexibilizar las reglas de juego de la industria petrolera, así como agilizar los permisos para desarrollar oportunamente los recursos, por ejemplo, los ubicados costa afuera, y destrabar los proyectos de gas que se encuentran enredados, la urgencia de la crisis no justifica el atajo ni la improvisación. La discusión sobre la implementación de métodos como el fracking no puede ser un cheque en blanco.

La experiencia de Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido en yacimientos no convencionales ofrece lecciones valiosas, no para calcar modelos a ciegas, sino para entender qué esquemas de regulación, monitoreo y mitigación han funcionado. Colombia no parte de cero: se debe seguir construyendo un marco regulatorio a su medida, respaldado en el rigor técnico y con reglas intransigibles que garanticen la protección ambiental y la tranquilidad de las comunidades. La política energética de esta coyuntura exige decisiones de Estado basadas en precisión científica y visión de largo plazo.

Con la soberanía en juego, no hay tiempo que perder. Corregir el rumbo exige una política de hidrocarburos que garantice el suministro inmediato sin descuidar el horizonte de la transición. Reactivar el sector no es un capricho fiscal, sino una necesidad de supervivencia económica; pero esa reactivación solo será legítima si opera bajo una fiscalización inflexible y un compromiso real con los territorios. El dilema nunca ha sido energía versus medio ambiente, sino la capacidad del Estado para gestionar ambas con responsabilidad.