Al borde del precipicio, vuelve a estar, otra vez, el proyecto de Hidroituango. Con la reciente decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de declarar desierto el proceso de licitación de las obras finales de la hidroeléctrica, aumenta la preocupación acerca del futuro de la mega obra, que con sus múltiples retrasos amenaza con poner en riesgo la seguridad energética del país.

En medio de todo, y después de muchas advertencias, entre ellas las observaciones realizadas por parte de la Procuraduría General de la Nación, primó la evidencia y la razón, con el rechazo de EPM al único oferente que se presentó, el Consorcio colombo-chino Ituango PC-SC conformado por las empresas Powerchina International Group Limited y Schrader Camargo SAS.

Una decisión que aunque acertada, debido a las dudas sembradas en este proceso, producto de las manipulaciones y flexibilizaciones en los requisitos de los pliegos del concurso, la falta de experiencia de la empresa nacional, entre otras artimañas que evidenciaban un favorecimiento especial, se convierte en un nuevo traspié para el proyecto.

Aun cuando se veía venir, lo que pasaría con la licitación, el atraso que supone comenzar desde cero el nuevo proceso licitatorio para encontrar un constructor que finalice la segunda etapa de Hidroituango, correspondiente a las obras de las turbinas de la 5 a la 8, ha generado gran incertidumbre en el país. Es que con otros retrasos estimados en más de dos años, no son menores las consecuencias que traerá para los colombianos, la apertura de un nuevo proceso.

Ante este escenario, son incalculables las afectaciones que se producirán tanto para el sector eléctrico, y la economía nacional, como para las comunidades que viven río abajo. Un mayor aumento en las tarifas de servicios públicos en medio de la difícil situación económica por la que atraviesan los hogares colombianos, o tener que recurrir a un racionamiento ante un fenómeno de El Niño intenso, serían otros de los riesgos a los que estaremos expuestos con los retrasos en la culminación del proyecto. Además del impacto financiero, que significará para EPM, esta decisión.

El panorama es complejo, toda vez que, la empresa Schrader-Camargo que integra el consorcio colombo-chino, a quien se le comprobó no tener la experiencia suficiente, está entre los contratistas que actualmente ejecutan las obras de las turbinas 3 y 4. También, el hecho de que la última etapa no tenga un compromiso regulatorio que obligue a Hidroituango a entrar en operación en una fecha exacta, se convierte en una carta que EPM podría jugar en contra de los colombianos.

En conclusión, el que sería el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia de Colombia solo ha dejado graves e irreparables consecuencias sociales, económicas y ambientales, que aún no se superan y siguen sumando a la larga lista. Preocupa que se cumpla aquel dicho que reza: “Lo que mal empieza mal acaba”, en una obra que comenzó con el pie izquierdo. Rogamos porque pronto llegue la tabla de salvación para Hidroituango con un constructor serio e idóneo que pueda concluir con éxito el atropellado proyecto.