La noticia que durante tanto tiempo esperamos por fin llegó: se reactivarán las obras del megaproyecto Canal del Dique. Tras más de 50 años de promesas incumplidas y una gestión reciente plagada de trabas que casi lo sepulta, la reactivación de las obras no es una concesión ni un favor del nuevo gobierno: es un acto de justicia tardía con la Costa Caribe, que ha pagado muy caro cada año de postergación.

El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la reactivación le devuelve el aire a una iniciativa que llevaba meses enterrada en trámites. Comprometerse a ejecutar la obra con los estudios técnicos aprobados y acelerar el destrabe de las licencias ambientales es un giro pragmático acertado, aunque la verdadera prueba estará en la capacidad real de su gobierno para agilizar las obras.

El último cuatrienio dejó al descubierto cómo la ideología puede dinamitar el desarrollo regional. Ignorando el clamor de las comunidades, el gobierno de Gustavo Petro, con la entonces ministra Susana Muhamad a la cabeza, le dio la espalda a la Costa Caribe al enredar el proyecto en una encrucijada jurídica. Exigir una licencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, consideraba prescindible no fue un acto de rigor técnico, sino la excusa perfecta para paralizar una obra estratégica y urgente.

La estocada económica vino después, desde el Ministerio de Hacienda, con la suspensión de $710.000 millones en vigencias futuras. Al estrangular el flujo de recursos para el Canal del Dique, el gobierno central convirtió una deuda social en un riesgo inminente para 19 municipios caribeños. Retener ese dinero no fue austeridad: fue condenar a miles de familias de Atlántico, Bolívar y Sucre a seguir viviendo con el agua al cuello.

La promesa de destrabar el Canal del Dique alivia, pero no borra la desconfianza. Tras tantos reveses, el país necesita garantías de que la obra no volverá a quedar congelada en el papel. Es un acierto que Abelardo de la Espriella y su futuro ministro de Ambiente, Fabio Arjona, pongan el proyecto en el primer renglón de su agenda para la región. Sin embargo, el aplauso completo solo llegará cuando la voluntad del nuevo gobierno se traduzca en decisiones concretas y en una ejecución eficiente.

El Canal del Dique no puede seguir siendo el monumento a las promesas incumplidas. El Caribe ya pagó con décadas de inundaciones, pérdidas económicas y abandono la desidia de la burocracia central. Las familias que han vivido con las inundaciones necesitan ver las obras andando para creer que esta vez la historia sí será diferente. Que este sea, por fin, el comienzo de la recuperación integral del Canal del Dique y el fin de una espera que nunca debió prolongarse tanto.

Colombia no puede hablar de competitividad ni de desarrollo regional mientras mantenga a medias la red fluvial del río Magdalena y el Canal del Dique. El país necesita que su infraestructura hídrica se convierta en una prioridad de Estado.