Las señales enviadas por el Ministerio de Agricultura con el nuevo proyecto de decreto que promueve la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria, fortalecen la idea de que nos encontramos ante un Ejecutivo que busca gobernar bajo la presión, marginando el debate y los trámites democráticos. En este sentido, los campanazos de alerta no se han hecho esperar, tampoco las críticas a un documento que aborda puntos delicados que merecen toda la atención nacional.

El decreto en revisión, ha causado rechazo e incertidumbre en todos los sectores. Las principales preocupaciones radican en que promover la movilización campesina, la formación de comités municipales y el acceso a la tierra de la manera en la que se plantea, podría generar más violencia en las regiones. Prueba de ello, son las invasiones y los conflictos que se dieron el año pasado, por los apresurados anuncios por parte del Gobierno, que motivaron a campesinos a buscar por su cuenta la restitución y redistribución de las tierras.

Al revivir vía decreto, al polémico artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece mecanismos para facilitar la compra de predios sin la intervención de la rama judicial, se está pasando por encima del Congreso. Paradójicamente, la jurisdicción agraria se quedaría prácticamente sin funciones, pues, la mayoría de los procesos serían tramitados y definidos únicamente por la agencia de tierras. La inclusión de la expropiación exprés, que muchos han catalogado como una “jugadita”, estaría echando por tierra el acuerdo de la compra de tierras, una alianza con los ganaderos, calificada como histórica por el mismo presidente Petro.

Resulta peligroso e inconveniente darle a la protesta social un rango estatal, con el objetivo de presionar la aprobación de proyectos de ley. Aunque en otras oportunidades el actual gobierno, ha acudido a la manifestación popular para defender sus reformas, con este decreto se entregan recursos y herramientas innecesarias, a un derecho legítimo y fundamental, que se encuentra consagrado en la Constitución política, y que se respeta como un valioso mecanismo de participación ciudadana.

En medio de los múltiples conflictos que se viven en Colombia, con una sociedad altamente polarizada, es un error ejercer presiones a través de la movilización social. Siempre defendemos el legítimo derecho a la protesta pacífica, pero no el hecho de que se quiera utilizar para evadir el desarrollo del ejercicio democrático transparente, independiente, inclusivo y riguroso, que debe realizar el Congreso.

Una reforma agraria no es un proyecto menor, para que se pretenda que el Congreso de la República la tramite bajando la cabeza solo para decir sí. El Legislativo es una rama del poder público, independiente, llamada a la construcción de leyes a partir de la deliberación y la participación democrática, que por ningún motivo puede ser sumisa ni obrar bajo las pretensiones de la administración de turno. Acatando nuestra función, claramente definida en la constitución, no daremos espacio a que se desdibujen las facultades del Legislativo.