Con la confianza por el piso y la incertidumbre en las nubes, el sector energético termina un año complejo que deja al descubierto fragilidades estructurales sobrediagnosticadas, deudas pendientes y un horizonte inmediato lleno de desafíos, en el que urge recuperar el rumbo, la estabilidad jurídica y la credibilidad necesaria para reactivar las inversiones y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los retos que enfrentará el sector durante 2026 no solo son la consecuencia de años de desinversión, señales regulatorias inconsistentes, abandono de la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos, y retrasos en la ejecución de proyectos de expansión de la capacidad de generación y transporte, sino también el resultado de un ejecutivo que optó por mirar hacia otro lado frente a la creciente deuda que acumula con las empresas comercializadoras, profundizando su fragilidad financiera e incrementando el riesgo de apagón.

Actualmente, la deuda del Gobierno con las empresas del sector eléctrico asciende a $6,1 billones, de los cuales $2,4 billones corresponden al saldo de la opción tarifaria, $2,3 billones a subsidios de energía destinados a los estratos 1, 2 y 3, y $1,4 billones a obligaciones impagas de usuarios oficiales. El persistente incumplimiento y el crecimiento de estos montos afecta a más de 36 distribuidoras, muchas de las cuales presentan profundos problemas de liquidez. Ni que decir del crítico estado de las empresas de la Costa Caribe, Afinia y la intervenida Air-e, que configuran una seria amenaza para el sistema.

El próximo 2 de enero se cumple un año del apagón en Puerto Carreño, un evento que se pudo haber evitado si el Gobierno hubiera atendido las advertencias. La negativa de girar los pagos correspondientes a los subsidios dejó en aprietos financieros a Electrovichada, provocando la suspensión de la operación que dejó sin energía a más de 45.000 personas. Cuando el daño ya estaba hecho, el Gobierno realizó el giro, pero la demora había generado consecuencias profundas: hogares, comercios y servicios básicos quedaron paralizados, y la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el suministro eléctrico en las zonas más remotas se vio seriamente comprometida, dejando en evidencia la fragilidad de un sistema que depende de decisiones administrativas oportunas.

La reiterada demora en el pago de subsidios y la falta de planificación fiscal demuestran un incumplimiento tangible del Estado, que tiene la obligación de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, tal como lo establece el artículo 365 de la Constitución Política.

En un contexto de alto estrés y vulnerabilidad del sistema, la acumulación de obligaciones para 2026 resulta imprudente y peligrosa. Exponer a los agentes de la cadena energética en medio de la grave crisis financiera que atraviesan es una amenaza directa a la estabilidad del sistema interconectado. El Gobierno debe saldar cuanto antes las deudas que mantiene con el sector; de lo contrario, el próximo año el país podría enfrentar no solo impactos económicos y sociales severos, sino también un daño irreparable a la confianza de los inversionistas y usuarios.