Una nueva amenaza de incremento en las facturas de energía de los colombianos, llega con la billonaria deuda que tiene el Gobierno Nacional con las empresas comercializadoras por concepto de opción tarifaria, que alcanza los más de $4,6 billones. La alarma lanzada por las compañías, requiere de la urgente atención del ejecutivo y la búsqueda de alternativas que impidan un desborde en las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Recientemente, la Superintendencia de Servicios Públicos alertó sobre la llegada del costo por kilovatio a los $817 en promedio en el país, el registro más alto del último año, que estaría lejos de tocar techo, si tenemos en cuenta que el precio en bolsa sigue imparable, y que se avecina un fenómeno de El Niño con características nunca antes vistas. Así las cosas, el ingreso de un nuevo cobro en la ecuación sería insoportable para el bolsillo de las familias colombianas.

La situación reviste de complejidad para la Costa Caribe, toda vez que, solo esta región acumula casi un 50% de la deuda. Para los más de 11 millones de usuarios del Caribe, la opción tarifaria que fue un mecanismo que implementó el Gobierno pasado durante la pandemia, para reducir el impacto de los incrementos abruptos en la tarifa, podría convertirse ahora en su calvario. No hay que olvidar, que adicionalmente la región paga un concepto por pérdidas no técnicas de energía, que ha derivado en un incremento acumulado de la tarifa plena.

Hasta ahora, ninguno de los acuerdos y propuestas realizadas por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, ha funcionado para lograr una verdadera disminución en las facturas. La no inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de un mecanismo para abordar la problemática actual, ha dejado en entredicho la voluntad del Gobierno, que mantuvo todo el tiempo su negativa de incluir una partida presupuestal para aminorar la crisis energética en el Caribe.

Ante este panorama, solicitamos al Gobierno implementar acciones encaminadas a impedir un aumento en las tarifas, y que se produzcan mayores afectaciones en los flujos de cajas de las empresas comercializadoras, en su mayoría públicas, que se han empezado a quedar sin liquidez por la acreencia, algunas de ellas con un alto riesgo de irse a la quiebra.

La mejor opción que existe es que el Gobierno destine un rubro de la adición presupuestal, con el que al menos se pueda saldar 50% de la deuda acumulada con las comercializadoras por la opción tarifaria, y así impedir un problema mayor. Más que promesas, necesitamos compromiso y liderazgo por parte del presidente Petro y su equipo, para que se mitiguen las variaciones de las tarifas.

Hoy más que nunca se requiere unidad por parte del sector público y privado, para que se concreten soluciones que contribuyan a frenar la escalada de las tarifas de energía, y a disminuir la fuerte presión que están ejerciendo en las finanzas de los colombianos. A toda costa tenemos que evitar que se le siga restando dinamismo a la economía y que detone una nueva crisis social.