Pese a los intentos del Gobierno Nacional por lograr una disminución en el precio del kilovatio del servicio de energía en el país, las tarifas continúan sus registros al alza. La preocupación radica en que las nuevas políticas que promueve el Ejecutivo podrían convertirse en otro fracaso, que agravaría la economía de los colombianos, especialmente de los usuarios de la Costa Caribe.
Tras los malos resultados obtenidos en el “Pacto por la Justicia Tarifaria”, y la posterior derrota por la suspensión, por parte del Consejo de Estado, del Decreto 227 de 2023, que otorgaba al presidente Gustavo Petro, funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Gobierno intenta, una vez más, bajar las tarifas del servicio a través de un decreto. Sin embargo, son muchos los cuestionamientos que han surgido al proyecto borrador, por no atacar de manera directa el problema de la carestía de la energía en Colombia.
Entre las críticas al proyecto de decreto, destaca el hecho de que no atiende las pérdidas de energía y el costo de generación, los principales causantes de los altos precios en la Región Caribe. El castigo que se le impuso a los usuarios de las empresas Afinia y Air-e, con la autorización del cobro retroactivo por pérdida de energía, un atentado directo contra el desarrollo económico y el bienestar social de la región, es ignorado en esta resolución.
Aunque el Gobierno ha reconocido lo injustificable que resulta, que los usuarios de la Costa Caribe tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución, en el decreto no se da una solución a este régimen especial transitorio.
Por otro lado, no se establecen decisiones de fondo frente a las generadoras hidráulicas. Se necesitan reglas claras y un precio techo en bolsa para que aquellas distribuidoras que están expuestas no compren a los precios altos que finalmente terminan trasladando a los usuarios. Si tenemos en cuenta que entre 15% y 25% de la tarifa de la mayoría de los colombianos se encuentra expuesta a bolsa, y que en el caso de la región Caribe, el porcentaje es cercano a 30%, estamos hablando de un tema clave en la reducción de los precios.
Al dejar por fuera estos puntos, es imposible que se logre una reducción real de las tarifas de energía. Con un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no incluye ningún artículo para resolver las alzas en las facturas, estamos destinados a un nuevo fracaso. Es necesario que en la próxima adición presupuestal el Gobierno destine una partida para cubrir las pérdidas de energía y la opción tarifaria. La única solución a esta problemática es que se realice una inversión directa.
Si no se ataca el problema de raíz, los esfuerzos seguirán diezmados y los colombianos pagando los platos rotos con un servicio de energía altamente costoso y en algunos casos deficiente. Hay que incluir en el PND un artículo que le garantice a los usuarios contar con un servicio de energía justo, eficiente, confiable y seguro.