Como era de esperarse, la reactivación de los incrementos en las tarifas de los peajes ha desencadenado una oleada de críticas y preocupaciones en el país. El aumento de 15,12% en las casetas que forman parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invias), además de ser una amenaza para la economía nacional, es el conteo regresivo de una bomba social que no podemos permitirnos ver estallar.
Desde el pasado 16 de enero comenzó a regir el desmedido incremento, que según los transportadores en algunos casos ha sido de hasta un 100%, con peajes que llegan a superar los $30.000. Si bien hay que buscar soluciones para atender el déficit de $800.000 millones, que existe por la decisión del Gobierno de frenar la subida de los precios durante 2023, resulta totalmente inconveniente resolverlo sumándole una nueva carga a los colombianos.
Y es que el fuerte rechazo que generan los peajes, radica en el excesivo número de casetas que existe en el país, muchos de las cuales transgreden todo parámetro técnico, al incumplir la distancia mínima requerida, además de presentar un deplorado estado en la malla vial. Según la ANI y el Invias, en las carreteras de Colombia hay 180 casetas, una cifra que nos ubica entre los países con más peajes del mundo, que además se caracterizan por sus altos costos.
Desde hace varios días, se están presentando protestas de las comunidades en rechazo al aumento en el costo de los peajes. Por otro lado, los transportadores han amenazado con iniciar un paro nacional si no llegan a un acuerdo con el Gobierno frente a las nuevas tarifas.
A lo anterior, hay que añadirle la sensibilidad que hay en medio de la discusión de un eventual incremento del Acpm, que sin duda alguna, disparará el costo de vida. Toda razón tienen los transportadores que transitan en la vía al Llano, que se encuentra en estado crítico con graves problemas operativos, al solicitar el no incremento de la tarifa. Esperamos que el Gobierno analice con sensatez este aumento.
Capítulo aparte merece el tan controvertido peaje Papiros de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, cuyo cobro fue suspendido hasta el próximo 15 de febrero, mientras se concreta una solución definitiva para la caseta que lleva más de 28 años de conflicto. Una pelea que está pasando de generación en generación sin encontrar solución a la vista, mientras aumentan los perjuicios sociales y económicos para los porteños.
Después de un año golpeado por la inflación, en el que la gasolina se ha aumentado como nunca antes, se han sumado nuevos impuestos a las comidas e incrementos en los servicios públicos, por mencionar solo algunas de las medidas lideradas por el Gobierno, que están exacerbando la economía de los colombianos, es indispensable revisar, de manera exhaustiva y técnica, la actualización de las tarifas, así como el cumplimiento de los compromisos de cada consorcio, con el mantenimiento y la operación de las vías, una acción fundamental para devolver la confianza a los usuarios.