Es insólito que en medio de la aguda crisis energética que se vive en el país, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Entidad que tiene en sus manos la responsabilidad regulatoria del sector, se encuentre desde hace más de un año, trabajando a media marcha. En una coyuntura como la actual, que demanda acciones complejas, no tener una Creg en propiedad es un fuerte golpe a la institucionalidad.

Resulta inaceptable que la Comisión, a estas alturas, no cuente con comisionados nombrados en propiedad. La interinidad en la que se ha mantenido a los expertos de la Creg, por la indecisión del Gobierno Nacional para suplir las posiciones en propiedad, tiene al país en jaque en materia regulatoria. Estamos ante una Entidad paquidérmica que genera muchas dudas sobre su independencia en la toma de decisiones y con una deficiente capacidad operativa.

Finalmente, son los colombianos quienes pagan los platos rotos de una inadecuada planeación del sector. La reciente renuncia del director ejecutivo, José Fernando Prada, añade nuevas preocupaciones y con ello la impostergable tarea para el Ejecutivo de realizar los nombramientos oficiales. Ya no hay tiempo para dilaciones; la prórroga de los dos asesores del Ministerio de Minas y Energía que fueron encargados como expertos comisionados el pasado mes de abril, se encuentra próxima a vencer a inicios de octubre y adicionalmente existen dos vacantes. Ha llegado la hora cero para la toma de decisiones definitivas, que generen tranquilidad al sector.

Con temas relevantes en la agenda minero energética, como el desarrollo de las nuevas metodologías tarifarias, la escasez de gas, las dificultades en la expansión de los proyectos de energías renovables, el fenómeno de El Niño, la crisis financiera de las comercializadoras, los precios de la gasolina, por mencionar algunas de las problemáticas, es urgente tener una Comisión técnica e independiente, que contribuya a evitar las distorsiones en las políticas energéticas que puedan lesionar los intereses de los usuarios.

El asunto no es fácil. Tanto en lo eléctrico como en lo del gas natural, la discusión es compleja, pero no por ello se debe evadir o dilatar. En el marco de las situaciones planteadas a la fecha, con recargas que lastiman en mayor proporción a los usuarios de ambos servicios, lo que más inquieta es que no se observa un Ministerio de Minas y Energía actuante y deliberante, con verdadero poder ejecutivo. Entonces sentimos que la política energética está a la deriva y que por cuenta de la Creg, que no se percibe ni para bien ni para mal, la regulación es inexistente.

En definitiva, necesitamos una Creg fortalecida e independiente, enfocada en la defensa de los colombianos, que despeje las dudas en cuanto a seguridad jurídica y regulatoria, y que a su vez ayude a la construcción de un escenario más justo para los precios de energía y gas en el Caribe colombiano y el resto del país. Son los Comisionados de la Creg, quienes tienen en sus manos la planeación de un sector que hoy afronta grandes retos.