Resulta inaudito que un Gobierno que dice estar volcado, como ningún otro, a la transición energética, promueva normas regulatorias contrarias a este propósito. Tal y como sucede con la resolución Creg 101 017 de 2022, que dándole la espalda a los proyectos renovables, define incentivos para la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) sólo a plantas que se respaldan con gas natural.

Si bien se trata de una propuesta regulatoria de la administración anterior, ha sido el Gobierno de Gustavo Petro el que le ha dado el último espaldarazo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) encontró conveniente ampliar el período de asignación de OEF a plantas existentes que se respalden con gas natural de manera eficiente, bien sea de fuente local o importada y con infraestructura existente o nueva, y sigue dando cabida a plantas en general que operan con combustibles fósiles, permitiendo que plantas térmicas que tienen más de 25 años sigan perpetuándose con un cargo por confiabilidad millonario que ya les ha permitido recuperar sus inversiones con creces.

La resolución estableció los requisitos, entre los que se destacan que las plantas térmicas existentes con suministro de gas de campos nacionales y/o de infraestructura de importación podrán optar por períodos de asignación de OEF de hasta cinco (5) años y las plantas con nueva infraestructura de importación de gas natural, tendrán la posibilidad de hasta diez (10) años, la cual excluye al hidrógeno que se intenta abrir camino como recurso energético, que le permitiría a Colombia sustituir los ingresos de la exportación de petróleo.

Ciertamente, nuestra preocupación no discute la intención que establece la resolución, que se resume en asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, incentivar la contratación de gas a más largo plazo, y dar mayor confiabilidad al suministro, sino en el hecho de que no se incluyan lineamientos para que el sector eléctrico modernice su infraestructura acorde con la transición energética del país. Aquí es donde surge la pregunta: ¿Por qué el Gobierno Nacional no incentiva la renovación del parque térmico, ya obsoleto tecnológicamente, promoviendo la incorporación del hidrógeno y afrontar así los retos de la transición energética?

De acuerdo al calendario del proceso del concurso público, anunciado por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), el próximo 16 de agosto de 2023 se realizará la nueva subasta de asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad, con la cual se pretende cubrir los déficit de energía previstos por la Upme y la Creg y solo lo hace a partir de 2027 dejando por fuera el tiempo comprendido entre el 1º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2027.

A puertas de una nueva subasta, que en uno de sus puntos más relevantes le cierra la puerta a la transición energética, se hace urgente que el Gobierno Nacional suspenda la subasta para reestructurarla e incorporar las renovables. Ajustar la normativa, incluyendo incentivos para amortizar las inversiones requeridas para construir y operar una nueva infraestructura para la producción y almacenamiento de hidrógeno, es lo mínimo que se espera de un Gobierno que proclama la transición como su principal bandera.