El Chocó, que debería ser un emporio de turismo ecológico internacional, es una esquina de convergencia de todas las ilegalidades, desde la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos, hasta el tráfico de migrantes, en medio de la corrupción galopante de su clase dirigente, si es que la hay.

El departamento ocupa el primer lugar en explotación de oro en aluvión con 37.841 hectáreas, lo cual no sería negativo, de no ser porque 33.938 de ellas, ¡el 90%!, son explotaciones ilícitas en zonas de Reserva Forestal.

Según la UNODC (2023), Chocó pasó de tener pocos cultivos de coca a convertirse en “zona de expansión” (entre 5.000 y 20.000 hectáreas). Adicionalmente, su línea costera es ruta diaria de grupos narcotraficantes, todo lo cual configura un entorno de ilegalidad que explica las luchas por el control territorial, principalmente entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

Hay más primeros lugares: Colombia es el país más lluvioso del mundo y su región más lluviosa es… Chocó, por lo que es el más perjudicado por la ola invernal, con inundaciones en 22 de sus 31 municipios y 33 mil familias afectadas, 72% de la afectación del país, en un departamento que también encabeza la lista de pobreza monetaria, con el 67,7% de su población en esa condición.

En ese duro contexto, con la tinta aún fresca del comunicado expedido en Caracas para tratar de encontrarle salidas a un proceso suspendido por cuenta del atentado terrorista contra una base militar en Arauca, que costó la vida a tres soldados y dejó gravemente heridos a 27, el ELN decreta un paro armado en la zona más vulnerable del Chocó en donde confluyen tres grandes ríos, dejando confinadas bajo amenaza a más de 45.000 personas.

Por eso el paro armado no solo es un “acto de perfidia”, sino una infamia que el ELN, cínicamente, pretende legitimar con un “corredor humanitario”, como una suerte de graciosa concesión a la violencia inmisericorde. ¿Qué hay detrás de lo que es la antítesis de una manifestación inequívoca de voluntad de paz?

Del VI Congreso del ELN (junio 2024) se esperaban lineamientos de compromiso con los diálogos, pero no se conoce el documento final, sino apenas un comunicado con más de lo mismo: proclamas antiimperialistas, una reafirmación gaseosa de “su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la Mesa de diálogos con el Gobierno”, que se contradice abiertamente con su violencia indiscriminada en los territorios.

No faltaron las alusiones camufladas legitimando la lucha armada, como la solidaridad con “los luchadores revolucionarios del mundo” y la “reafirmación que sólo (sic) la lucha y movilización creciente de las masas” logrará la transformación de Colombia, ¿hacia qué?, ¿hacia dónde?; ¿acaso hacia una sociedad poscapitalista, es decir, socialista, como expresaron en el primer punto de su declaración de principios de Caracas para la reanudación de los diálogos?

El país conoció el documento final del V Congreso del ELN de 2016. ¿Cuándo conoceremos el del VI Congreso de 2024? ¿Acaso la unidad de mando no es tan monolítica como lo proclama el comunicado? ¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios? ¿Acaso hay una agenda oculta orientada a seguir “dorándole la píldora” al Gobierno y al país, para lograr “sus transformaciones” en la Mesa, pero bajo la presión extorsiva de las armas en los territorios?

A las Farc les funcionó esa especie de “paz a las malas”, que no es la paz que Colombia anhela y merece.