La reforma pensional, Ley 2381 de 2024, representa un avance en equidad y cobertura, al reducir subsidios regresivos y ampliar la protección para la vejez. No obstante, plantea riesgos significativos sobre el ahorro nacional y, por ende, sobre la inversión de largo plazo y el mercado de capitales de Colombia.

El ahorro es un pilar esencial para el desarrollo económico, en especial en economías emergentes como la nuestra. Su principal virtud radica en que permite financiar la inversión productiva: niveles elevados de ahorro canalizan recursos hacia sectores estratégicos como infraestructura, educación y tecnología, que son la base de la productividad y la competitividad. Más que una simple reserva de ingresos, el ahorro cumple una función macroeconómica crucial: sostiene la inversión y actúa como ancla de estabilidad frente a choques externos.

Colombia parte de una posición débil en materia de ahorro agregado frente a sus pares regionales. En 2024, el ahorro bruto representó apenas 12,7% del PIB, la cifra más baja entre las seis principales economías de América Latina. En contraste, Perú y Chile alcanzaron tasas cercanas a 22%, mientras que Brasil y Argentina, pese a sus desequilibrios, mantuvieron niveles superiores a 15%. Esta brecha refleja la limitada capacidad del país para financiar su propia inversión y consolidar un crecimiento sostenido de largo plazo.

Bajo este contexto, la reforma pensional introduce un cambio profundo en la arquitectura del ahorro. Aunque el nuevo esquema de pilares mejora la cobertura y reduce inequidades, su diseño genera una disminución significativa en el ahorro pensional de los trabajadores. Modelaciones del sistema indican que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, administrado por el Banco de la República, alcanzaría un máximo de 8,3% del PIB en 2044 -equivalente a $461 billones corrientes- antes de iniciar una reducción progresiva hasta converger hacia 1% del PIB en el largo plazo.

Por su parte, el ahorro de los trabajadores administrado por los fondos privados llegaría a su pico en 2037, con recursos cercanos a $1.209 billones, es decir, alrededor de 33% del PIB. Sin embargo, la suma de estos dos componentes sería inferior en cerca de $170 billones constantes de 2024 hacia 2040 frente al sistema actual. La razón de fondo es clara: más de 70% de las cotizaciones en el nuevo esquema no se destinarán al ahorro, sino al pago corriente de pensiones, debilitando el componente de capitalización individual.

A mediano y largo plazo, esta disminución puede reducir la capacidad del país para enfrentar choques fiscales o financieros, comprometer la sostenibilidad del propio sistema pensional, debilitar la confianza de los inversionistas, presionar la calificación crediticia y restringir el espacio fiscal para atender otras prioridades económicas y sociales.

Si, como es probable, la Corte Constitucional avala la reforma, será indispensable ajustar sus parámetros y que desde su reglamentación se introduzcan ajustes para fortalecer el componente de ahorro y garantizar su sostenibilidad fiscal. Solo así el sistema podrá cumplir su promesa de equidad sin hipotecar la inversión ni el crecimiento futuro del país.