El presidente Gustavo Petro sorprendió la semana pasada la opinión pública con su anuncio de buscar un mecanismo para convocar una asamblea constituyente. La sorpresa no es completa porque es bien sabido que el actual mandatario se siente cómodo en el ruedo electoral. Los mercados financieros respondieron poco al anuncio, como si no fuera con ellos, o como si no dudaran de que, del dicho al hecho, en este caso, hay una distancia irreconciliable. Si la propuesta gana tracción, lo cual parece en este momento improbable, el nivel de incertidumbre en algo tan fundamental tendría un efecto muy adverso en el sentimiento de los mercados, en particular en el tipo de cambio. La reciente experiencia en Chile así lo muestra.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde diferentes orillas políticas uno y otros han manifestado su preocupación o su interés por buscar un cambio en la dirección del país mediante una nueva Constitución. Más allá del análisis puntual de este episodio vale la pena resaltar las esperanzas que los países de América Latina han depositado a lo largo de su historia en cambios jurídicos como motores de cambio. Esperanzas en muchos casos frustradas. Muchos países de América Latina han tenido múltiples Constituciones. La lista la encabeza República Dominicana con 32. Venezuela no se queda atrás con 26 Constituciones. Haití con 24 y Ecuador con 20 continúan la lista. Estos números contrastan con los de los países de Norteamérica. Canadá ha tenido dos Constituciones y Estados Unidos, con todas sus enmiendas, solo una, la del siglo XVIII.

La historia de tantas Constituciones en América Latina a diferencia de otras latitudes cuenta un anhelo por resolver los problemas con mecanismos eminentemente jurídicos, que está claro no necesariamente resuelven ni los conflictos, ni los dilemas, ni las aspiraciones políticas y de vida de los ciudadanos. Nuestra tradición jurídica de origen romano y de amplia influencia francesa, nos genera la tentación instintiva de tratar de resolver el mundo mediante el establecimiento de leyes, procedimientos, normas y decretos. Lastimosamente, buena parte de la ley termina en letra muerte o por los menos inerte. La actual Constitución de nuestro país, susceptible a mejoras, como cualquier texto rector, encuentra en su inaplicabilidad su principal enemigo. Quizás el aspecto más evidente es la falta de un Estado que logre su objetivo mínimo de monopolizar el uso de la fuerza. Colombia tiene un Estado débil donde muchos de sus ciudadanos están desamparados y a la merced de grupos violentos. No es necesario cambiar la Constitución para atender el reclamo de inseguridad de muchas poblaciones. La mayoría de las veces el reto a la hora de solucionar los problemas no está en el qué, sino en el cómo.

En su historia republicana Colombia ya acumula 10 Constituciones. Cambios adicionales podrían mejorar el marco jurídico. No obstante, el país enfrenta ahora enormes retos en materia de seguridad física y energética, empleo y salud que requieren de soluciones concretas. La discusión de una constituyente puede generar réditos electorales a diferentes políticos del espectro ideológico, pero puede terminar siendo una distracción a la soluciones concretas y específicas que demandan los ciudadanos.