Hace una semana, Alberto Fernández tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de Argentina. Su discurso frente al Parlamento fue de un tono sereno y conciliatorio, entreverado con lugares comunes y críptico en los temas espinosos, como la economía. Los congresistas lo aplaudieron con entusiasmo, el entusiasmo de una Parlamento que espera con ansia el regreso de las mieles del Leviatán, que Macri intentó fallidamente aplacar. Al lado del nuevo presidente estaba Cristina Fernández de Kirchner, en su doble condición de Vicepresidente y Presidente en la sombra. Cristina aprovechó la ceremonia para desearle un buen augurio al nuevo mandatario y señalar las persecuciones y humillaciones durante el Gobierno anterior- una soterrada advertencia de vendetta política.

Desde la inauguración, muchas cosas ya han ocurrido. El nuevo Gobierno ha decidido enfrentar el mal momento económico de la Argentina con una serie de medidas, todas enmarcadas en la tradición Peronista. Varias buscan aliviar el bolsillo de los votantes. Bonos extraordinarios para los pensionados y congelamiento de tarifas de los servicios públicos. Medidas anheladas por una clase media asfixiada por la inflación, y que son en últimos paliativos a un problema estructural de una economía que no crece y con un Estado que desde hace muchos años es un barril sin fondo.

Las otras medidas son recetas conocidas y buscan cerrar la economía: un aumento de retenciones para las exportaciones agrícolas y un tipo de cambio devaluado para el consumo de las familias argentinas que ocurra por fuera del país. Esta última medida también acoge a servicios locales prestados por empresas extranjeras, como Netflix, o para la demanda de dólares con fines de ahorro. Un argentino que quiera comprar dólares para ahorrar o viajar al exterior se tendrá que enfrentar con un tipo de cambio cercano a los 80 pesos por dólar, muy superior a los 59 del mercado oficial.

Como en el pasado, esta política activará un mercado paralelo de divisas, conveniente para todos aquellos que quieran viajar a Argentina y disfrutar de ese país a precios de descuento.

El gobierno de Fernández anunció además un aumento de la tarifa del impuesto a la riqueza, dándole contenido a sus vagas palabras de la inauguración que promulgaban que en su mandato los que más tienen, serán más solidarios. La nueva administración informó también de un aumento en la indemnización de despido con el fin de reducir el alto nivel actual de desempleo, ignorando que el desempleo, si algo, es resultado de los pocos incentivos a contratar nuevos trabajadores.

Los anuncios de este paquete económico han sido bien recibidos por la mayoría de medios locales, que logran trasmitir esperanza en medio de una situación económica compleja. No obstante, este nuevo gobierno, así como sus medidas, parecen seguir la tradición del país austral de apostar el futuro lejano para rescatar el futuro próximo. Impuestos al ahorro, la riqueza y la producción sigue enviando las señales equivocadas.

Los próximos meses serán difíciles. El gobierno de Fernández tiene una agenda apretada de pagos con prestamistas internacionales, incluyendo el Fondo Monetario, y un nivel bajo de reservas. La difícil coyuntura estará marcada por una incesante crítica al gobierno de Macri, una miope introspección que no le dejará al pueblo argentino ver las raíces de muchos de sus males.