A finales de mayo un grupo de reconocidos juristas y economistas instauró una demanda en la Corte Constitucional buscando que se declare inexequible en su totalidad el Estatuto Tributario. En un auto del 23 de julio la Corte no admitió la demanda. Sin entrar en detalles, el auto advierte que la demanda implicaría que la Corte desborde sus competencias al exigirle al Congreso términos y plazos para la aprobación de un nuevo código tributario, así como la creación de una Comisión de Expertos por 10 años para asesorar y hacer seguimiento al nuevo modelo. La Corte deberá pronunciarse sobre una nueva versión presentada por los demandantes.

La demanda intenta demostrar que el sistema tributario no cumple con el principio de progresividad de acuerdo con el artículo 363 de la Constitución. La progresividad, equidad y eficiencia como principios rectores del sistema tributario no son controversiales, y por lo tanto es fácil suscribirse a la aspiración de los demandantes de tener un mejor sistema tributario.

No obstante, una demanda de este estilo preocupa, no solo por la inseguridad jurídica asociada con un posible cambio en la actual coyuntura de todas las reglas de juego, pero además porque en caso de éxito, alteraría el curso natural de la discusión sobre el sistema tributario, que debe ocurrir en el Congreso, sin mandatos, plazos o condiciones de la Corte, y que debe estar complementada con un análisis de la progresividad y eficiencia del gasto público. Ceñirse a una discusión del tema tributario sin considerar cómo se usan los recursos públicos, puede servir el propósito de la exégesis jurídica, pero es un flaco ejercicio en materia de políticas públicas.

Adicionalmente, la demanda, pretende probar que el sistema tributario no es progresivo, cuando hay evidencia de que sí lo es - aunque no al nivel deseado- y por el momento resulta imposible evaluar los cambios recientes. Esto no implica defender el status quo, pero la discusión de qué tan progresivo y eficiente debe ser el sistema tributario, y los programas de gasto - ignorados en la demanda- debe ser eminentemente política y tener lugar en el Congreso, no en la Corte.

Los demandantes muestran cálculos de la distribución de ingreso antes y después de transferencias e impuestos para Colombia y otros países de la Ocde. Este cálculo imputa la casi nula reducción en la desigualdad a los tributos, tomando como dado que el gasto público reduce las brechas de ingreso. Es bien sabido que algunos rubros del gasto en Colombia, como las pensiones, en vez de reducir, aumentan la desigualdad.

La demanda ignora por completo este punto. Estudios de la Cepal (véase Hanni et al. (2015), entre otros) muestran que los impuestos y las contribuciones a la seguridad social en Colombia reducen la desigualdad de ingresos, pero que las pensiones en nuestro país, a diferencia de la mayoría de las economías de la región, aumentan la desigualdad, deshaciendo en buena parte el efecto progresivo de los impuestos.

La evidencia presentada en la demanda para hogares muestra que el impuesto de renta era de hecho ligeramente progresivo en 2016. A este análisis habría que incorporarle el efecto de las mayores tasas de tributación a los ingresos altos recientemente aprobadas, otros impuestos (patrimonio), y la devolución del IVA a los hogares más pobres. La discusión de cómo mejorar el sistema debe partir de un análisis preciso de estos temas.