Si el covid-19, y el distanciamiento social como política para enfrentarlo, generó un terremoto económico, no se demoró mucho en llegar el tsunami del desempleo. Las cifras reveladas la semana pasada por el Dane así lo confirman. El número de ocupados en el país se redujo entre marzo y abril en 5,3 millones, ¡una cuarta parte del total de ocupados!

La tasa de ocupación nacional, que mide la relación entre el número de personas empleadas y la población en edad de trabajar, se redujo durante el mismo mes a 41,6% -15,1 puntos porcentuales inferior al promedio de 2019. La tasa de desempleo se ubicó en 19,8%, 9,5 puntos porcentuales por encima de la observada en abril del año pasado. Esta tasa es, no obstante, mucho más alta, hasta de un 32%- la más alta de la que tenemos registro-, si asumimos que todas las personas que han perdido sus empleos son desempleadas de facto.

Estas cifras revelan sin eufemismos el alto costo social y económico del choque asociado con el covid-19. Es prioritario trabajar en un pacto por la recuperación del empleo. Hay que continuar y redoblar el esfuerzo por retener los puestos de trabajo que aún no se han perdido, pero desde ya hay que avanzar y de forma rápida en una agenda de propuestas concertadas para hacer que el empleo se recupere de la forma más rápida posible.

Es importante seguir con la reapertura organizada de la economía. Con estas cifras de desempleo, es menos relevante el dilema entre abrir la economía o cerrarla para proteger vidas. El dilema irá evolucionando hacia reabrir la economía de forma organizada o que se reabra de forma desordenada e indisciplinada.

Un segundo elemento para organizar la discusión debe ser diferenciar políticas inmediatas y transitorias y otras permanentes. Debemos avanzar con urgencia en lo primero. Esto no será fácil porque todo lo temporal es susceptible de transformarse en permanente. De ahí la importancia de la concertación. Necesitamos un relajamiento importante de los contratos y costos laborales que ayuden a acelerar la contratación. Suspensiones temporales de parafiscales, contratos más flexibles e incluso reducciones salariales que puedan ser compensadas en el futuro. Es hora de pensar de forma pragmática y con la convicción de que es necesario proteger el empleo, no solo a los que hoy cuentan con uno.

El margen de acción no es amplio. La concertación de políticas de choque debe iniciar prontamente, para que no ocurra que el choque inicial del covid-19 pierda fuerza y no tengamos una agenda de políticas públicas para reactivar el empleo.

Luego, atendido lo urgente será necesario revisar lo estructural. La catástrofe en materia de empleo en la actual coyuntura no debe hacernos olvidar que Colombia ha tenido históricamente una de las tasas de desempleo más altas de la región y que el mercado laboral se caracteriza por una alta informalidad. Una vez superemos lo más álgido de la actual coyuntura es necesario hacer una reforma estructural que revise el Código del Trabajo a la luz de las nuevas realidades del mercado laboral y nos ayude a superar el problema de la informalidad. No obstante, la discusión debe ser separada y a dos tiempos. No es deseable que la conversación sobre cómo restructurar de forma permanente nuestro mercado laboral, impida avanzar de forma pragmática y rápida en medidas que nos permitan darle un empujón a la creación de empleos en los próximos meses.