El peso colombiano ha tenido uno de los mejores desempeños cambiarios de la región durante el último año, y esto no es casualidad ni obedece en su totalidad a factores internos. Buena parte de la apreciación acumulada responde a un fenómeno global: la debilidad generalizada del dólar frente a las monedas emergentes, en un entorno de tasas estadounidenses considerablemente inferiores a las colombianas y de renovado apetito por el riesgo en los mercados internacionales. Ese viento de cola lo han recibido, en mayor o menor medida, casi todas las monedas de América Latina.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos meses no se explica únicamente por ese factor externo. Hay componentes idiosincráticos que han llevado al peso a desacoplarse de sus pares regionales. El primero es el cambio en las expectativas de los inversionistas frente al rumbo económico del país tras la elección de Abelardo De la Espriella. El mercado empieza a descontar un giro hacia políticas más pragmáticas y una administración fiscal más disciplinada, y ese optimismo se ha traducido en una entrada sostenida de capital extranjero hacia la deuda pública local, con fondos internacionales que aumentan su exposición a los TES. El segundo es el diferencial de tasas: con la tasa del Banco de la República muy por encima de las de las economías desarrolladas, el carry trade se ha vuelto particularmente atractivo. El tercero, más marginal y volátil, corresponde a los mayores precios del petróleo, que han mejorado el balance externo sin constituir todavía una tendencia consolidada.

Estos factores son soportes genuinos que el país debe cuidar. Pero la magnitud de la apreciación reciente parece exceder lo que esos mismos fundamentos justifican, y es ahí donde el entusiasmo cambiario empieza a tener un costo. Un peso fuerte castiga de forma desproporcionada a los exportadores intensivos en mano de obra formal, que operan con márgenes estrechos y no pueden trasladar a sus precios en dólares la pérdida de competitividad.

El sector floricultor es uno de los ejemplos más claros. No solo enfrenta un tipo de cambio que erosiona sus ingresos en pesos, sino que atraviesa, de manera simultánea, un aumento sustancial de sus costos laborales: la reducción de la jornada, la reforma laboral y el incremento del salario mínimo se combinan para presionar al alza su estructura de costos. Para un sector formal y generador de empleo rural en regiones como la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño, esta pinza cambiaria y laboral puede traducirse en menor inversión, pérdida de competitividad y, en el peor escenario, destrucción de empleo formal.

La discusión sobre el tipo de cambio no debería derivar en la tentación de intervenir el mercado cambiario ni en la nostalgia por un peso débil. La apreciación reciente responde, en parte, a apuestas de confianza en el país. Pero sí exige que la política pública sea consciente de que un peso fuerte no es gratis y de que la respuesta correcta no es depreciar la moneda, sino mitigar los efectos sobre los sectores más expuestos: revisar el diseño de la reforma laboral en lo que afecta a las actividades transables y acompañar a los exportadores con mecanismos de cobertura cambiaria y financiamiento mientras el ciclo se estabiliza. El país no puede darse el lujo de que el optimismo de los mercados termine costándole el empleo formal que tanto le cuesta generar.