El programa de inversión en infraestructura vial para el período 2015-2022 es uno de los más ambiciosos de la región y busca avanzar en un área donde Colombia se encuentra en un atraso importante frente a países similares. Este programa, conocido como las obras de cuarta generación (4G), está planteado bajo un esquema de asociaciones público-privadas (APP), en línea con el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura de altos costos en el resto del mundo. En Colombia la Ley 1508 de 2012 creó el marco normativo para las APP y el programa de las 4G se diseñó con base en este marco jurídico.

La concepción y diseño inicial de las 4G se planteó bajo un esquema donde los bancos locales participarían de forma mayoritaria en la financiación de los proyectos. Y así ha ocurrido. Los bancos locales han financiado proyectos de las 4G por un valor de $30 billones; un 50% de las necesidades totales de los proyectos que ya ha alcanzado cierres financieros.

Este modelo de financiación, no obstante, tiene limitantes importantes. La exposición de los bancos a proyectos de infraestructura podría alcanzar hasta 17% del total de la cartera comercial en los próximos años. Adicionalmente, y dado el número limitado de las firmas constructoras que pueden realizar proyectos de la envergadura de las 4G, los cupos individuales -que se ampliaron a 25% mediante el Decreto 816 de 2014- pueden saturarse.

Esta exposición de la banca doméstica a un número restringido de firmas constructoras y a proyectos de infraestructura, no es deseable. Muchas de las características de los proyectos viales, implican una estructura de pagos y una incertidumbre asociada a la culminación de las obras, que hace que estos proyectos tengan un riesgo y una madurez mayor a la recomendable para los balances de bancos, que se financian en buena parte con depósitos a corto plazo.

La regulación bancaria, siguiendo los lineamientos de Basilea III, implica que los proyectos de infraestructura tienen un alto costo en términos de capital.

Adicionalmente, los requerimientos de liquidez propuestos por Basilea III en términos del coeficiente de financiación estable neta y del coeficiente de cobertura de liquidez, que todavía no se han implementado en Colombia, están diseñados para que los bancos que tengan activos de largo plazo, como lo son los de infraestructura, tengan fondos de liquidez también de largo plazo.

Es necesario repensar el modelo de financiamiento de las 4G, no sólo para alivianar la exposición de los bancos a los proyectos que ya tienen cierres financieros, sino también para aumentar el número de proyectos financiados, que en la actualidad solo llega a 12 de los 30 en concesión. Por lo tanto, es importante diversificar las fuentes de financiamiento de las 4G.

La reciente decisión de posibilitar la inversión de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) hasta 5% en proyectos de infraestructura de Apps mediante el Decreto 1913, va en la dirección correcta.

Esta medida podría generar una fuente de financiamiento cercana a los $3 billones. Otras medidas adicionales, podrían ser aumentar el límite de 5% para proyectos de infraestructura de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) y buscar una mayor participación de los fondos de capital privado nacionales y extranjeros.