Después de varios meses de anticipación, le llegó el momento a la Reforma Fiscal. Estamos ad-portas de que el ministro de Hacienda radique la propuesta, que al parecer surtirá su curso bajo el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”. Más allá del intento de buscar un nombre más afable para un tema árido e impopular como el impositivo, el título mismo anticipa que la reforma tendrá un componente de gasto, en particular, un aumento del programa de Ingreso Solidario, que se convertiría en permanente, y varias propuestas para aumentar el recaudo del Gobierno.

Aunque los detalles de la reforma no son aún conocidos, los cambios más importantes ya han sido anticipados. En lo que respecta al impuesto de personas naturales, el Gobierno planteará una ampliación del número de personas que declaran renta, una reducción en el número de exenciones de dicho impuesto, con un monto fijo de descuento, un aumento de la tarifa de dividendos del actual 10% a 15%, y una extensión al impuesto al patrimonio que pasaría a ser permanente y con una estructura de tasas progresiva entre 1% y 3%.

En lo que respecta al IVA, la reforma buscará aumentar el número de bienes que pagan la tarifa general de 19% y eliminará la categoría de bienes exentos. Con el objetivo de proteger a los hogares de menores ingresos de los efectos regresivos del IVA, el Gobierno propondrá que ningún alimento adicional esté gravado y un aumento en el alcance del programa de devolución del IVA.

Frente a los impuestos que se recaudan a través de las empresas, la información preliminar sobre la reforma, tal y como se conoció esta semana, apunta a un esquema de tarifas de renta corporativa en función de las utilidades de las empresas con una tarifa mínima de 24% para las más pequeñas y una máxima de 31% para 2022, que se reduciría a 30% en 2023. Uno de los aspectos más importantes de la propuesta tiene que ver con la eliminación de rentas exentas, descuentos, deducciones y tarifas preferenciales a las empresas a partir del 2023.

Esto contribuirá de forma importante a simplificar el estatuto tributario y a la eficiencia del sistema. Adicionalmente se mantendría el descuento del IVA de bienes de capital, pero ahora como parte de la cadena del IVA, y no del impuesto de renta, y se suspendería el descuento de 100% del impuesto del ICA, que quedaría en el actual 50%.

Si bien esta reforma no ocurre en el momento ideal y es susceptible de mejoras, lograría recaudar lo suficiente para mantener la deuda pública en una senda sostenible y avanza en la corrección de varios problemas estructurales en línea con las sugerencias de las dos misiones de expertos más recientes sobre el tema, la de este año y la de 2015.

Idealmente la reforma debería tener un efecto gradual, con un recaudo que aumente paulatinamente, para no entorpecer la recuperación, pero que en el mediano y largo plazo asegure suficientes recursos, dadas las presiones de gasto. Por el momento el margen de negociación es apretado, dado que la reforma espera aumentar el recaudo neto por año en 1,4% del PIB. Esto es ligeramente inferior a 1,5% del PIB anunciado hace pocos días y a 2% del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020. Un número inferior a 1,4% pondría en duda la calificación de riesgo del país y generaría dudas sobre la senda de la deuda pública, justo en un momento donde las tasas de largo en varios países desarrollados están en camino de normalizarse al alza.