Como un ritual más de enero, analistas y mercados financieros esperan, a comienzos de cada año, una actualización del Plan Financiero del Gobierno. El Plan Financiero es la hoja de ruta práctica en materia fiscal que indica las metas de recaudo, los compromisos de gasto y, por ende, las necesidades de endeudamiento. El Plan Financiero les cuenta a los mercados a qué atenerse, en el entendido de que les indica cuántas y cuáles emisiones planea el Gobierno.
Este año la tradición se rompió. No hubo publicación de la actualización del Plan en enero ni en febrero, y hay una preocupación creciente de que podría no llegar tampoco en marzo.
Para el mercado de deuda pública es como volar sin instrumentos. El Gobierno no tiene un compromiso legal de actualizar el Plan, presentado el año pasado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y luego el Presupuesto General. No obstante, muchas de las cifras en ese momento presentadas han perdido vigencia. La Dirección de Crédito Público ha realizado varias operaciones de manejo de deuda que han modificado sustancialmente el perfil de las obligaciones del Gobierno e impactaron contablemente las cuentas fiscales para 2025 y, probablemente, 2026, aunque la magnitud exacta permanece incierta.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció recientemente sobre las cifras de cierre fiscal de 2025 y presenta una proyección de déficit de 5,1% del PIB para 2026, con un ajuste requerido de 1,6% que no sabemos cómo encaja en las cuentas del propio Gobierno. Sin Plan Financiero actualizado, simplemente desconocemos la hoja de ruta para los próximos meses.
Pero más allá de la falta de actualización del Plan Financiero, lo que realmente preocupa es que el país, en su conjunto, no tiene un plan en materia fiscal. El año pasado, el desbalance entre los ingresos y los gastos, excluyendo el pago de intereses, del Gobierno alcanzó 3,5% del PIB, la peor cifra en 120 años, sin contar el episodio de la pandemia. Este desbalance, conocido como déficit primario, es el que determina la dinámica de la deuda. Cuando un Gobierno produce un déficit primario, tiene que endeudarse más.
Hemos contado con la suerte de que, gracias a la devaluación global del dólar -que ha implicado un peso colombiano más fuerte-, la presión de aumentar la deuda en 3,5 puntos del PIB se contrarrestó por una apreciación del tipo de cambio que redujo en 3 puntos del PIB la deuda pública. Adicionalmente, las recientes operaciones de manejo de deuda, que han aprovechado la forma en que se contabiliza la deuda pública, le han permitido al Gobierno reducir en 1,4 puntos del PIB su deuda.
No obstante, tanto la apreciación del peso como las operaciones de deuda son solo paliativos frente al problema de fondo: un desbalance fiscal estructural exacerbado por las decisiones del actual Gobierno. Sin estos dos mitigantes, la deuda neta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB sería actualmente cercana al 62,5%. Dos o tres años adicionales con déficits primarios de 3% nos pueden llevar rápidamente a una deuda superior al 65% que luego sea insostenible.
El país necesita un plan fiscal con urgencia. Lo mínimo que debe contener es: i) un plan de choque basado en austeridad y eficiencia del gasto público; ii) una transición hacia unas finanzas públicas que promuevan el crecimiento -sin inversión y crecimiento no habrá plan de ajuste que funcione-; y iii) un refuerzo de la institucionalidad fiscal.