Lo que comenzó como una disputa político-securitaria se convirtió, en cuestión de días, en una escalada comercial que amenaza con deshacer décadas de integración andina. El 21 de enero, Ecuador anunció aranceles de 30% a las importaciones colombianas, aduciendo insuficiencias en el control del crimen organizado en la frontera. Colombia respondió en espejo: igual arancel sobre una fracción representativa de sus compras al vecino, más la suspensión de exportaciones de energía eléctrica.

Después vino el golpe más calculado: Ecuador incrementó en más de 900% la tarifa de tránsito del crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano (Sote), elevándola de US$3 a US$30 por barril.
El problema central de esta disputa es que sus protagonistas parecen ignorar -o prefieren ignorar- la magnitud de lo que están poniendo en riesgo. Ecuador es el tercer destino de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia, solo superado por Estados Unidos y la Unión Europea. En 2025, las ventas colombianas al vecino alcanzaron US$1.847 millones FOB, con una composición que revela el músculo industrial del país: medicamentos, plaguicidas, vehículos de carga, cables eléctricos, cosméticos y café. Nueve de cada diez dólares exportados a Ecuador son bienes con valor agregado.

Y el vínculo no es solo comercial. La interconexión eléctrica entre ambos países ha probado su valor estratégico en momentos críticos. En 2024, cuando Ecuador enfrentó racionamientos de hasta 14 horas diarias por la sequía asociada al fenómeno de El Niño, Colombia llegó a cubrir hasta 8% de su demanda energética. Suspender ese flujo no es solo una represalia comercial: es retirar un seguro de vida de la matriz energética regional. El costo de esa decisión no lo pagan los cancilleres. Lo pagan las industrias, los hospitales y los hogares ecuatorianos que dependen de esa electricidad.

Detrás del conflicto hay, sin duda, un problema real. Los departamentos de Nariño y Putumayo -fronterizos con Ecuador- concentran cerca de 46% de los cultivos de coca del país. En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico de 252.575 hectáreas sembradas con coca, y el suroccidente es su epicentro. La preocupación de Quito tiene asidero empírico. Pero usar aranceles como instrumento de política de seguridad no es solo ineficaz: es contraproducente. Las estructuras criminales no pagan aranceles ni exportan en contenedores con factura. Los que sí lo hacen son los empresarios formales, los agricultores de ambos lados de la frontera y los transportadores que cruzan Rumichaca con carga legítima.

La reunión bilateral del 6 de febrero no produjo acuerdos concretos. Los aranceles siguen en pie. Esta parálisis diplomática tiene un costo creciente que los dos gobiernos parecen subestimar. Cada semana que pasa sin solución es una semana de incertidumbre adicional para la inversión en sectores expuestos, de contratos suspendidos y de decisiones de abastecimiento que se redirigen hacia otros mercados.

Colombia y Ecuador son miembros de la Comunidad Andina. Tienen mecanismos institucionales para resolver controversias comerciales sin necesidad de escalar hacia medidas unilaterales que erosionan la credibilidad del bloque. Ignorar esos mecanismos no es solo una torpeza diplomática: es una señal negativa para cualquier inversionista que evalúe la estabilidad del entorno regulatorio en la región.