Caminos comunitarios, dos años después

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció en 2022 el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total con un propósito ambicioso: resolver el histórico abandono de la red terciaria en Colombia y, al mismo tiempo, generar cohesión social en las zonas rurales. La apuesta fue distinta a las modalidades tradicionales de contratación. En lugar de acudir a firmas de ingeniería, se decidió entregar directamente a las Juntas de Acción Comunal, JAC, los recursos y la responsabilidad de ejecutar las obras. La lógica era sencilla: ¿quién mejor que la propia comunidad para decidir qué tramo de su vereda necesita intervención y poner manos a la obra?

El programa fue presentado como un modelo innovador, donde los dineros del Invías se transfieren a las JAC, y estas contratan a maestros, oficiales, ingenieros y contadores locales para construir placas-huella de 100 a 150 metros lineales por contrato, con un valor promedio de $200 millones. La promesa era doble: mejorar la movilidad rural y fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades, haciendo de la infraestructura un vehículo para la paz.

Sin embargo, desde el inicio surgieron voces de preocupación. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, advirtió que, aunque el concepto de participación comunitaria es loable, existían riesgos evidentes: la falta de experiencia técnica de las JAC para manejar diseños, presupuestos y procesos constructivos; la desigual distribución territorial de los recursos, que dejaba departamentos como Amazonas o Guainía sin ejecución, mientras que en otros, como Cundinamarca o Tolima, se multiplicaban los convenios; y la baja ejecución presupuestal, a pesar de los mayores recursos destinados al Invías. En otras palabras, el gremio planteó que la buena idea podía naufragar por problemas de planeación, logística y capacidad técnica.

Han pasado ya dos años desde la puesta en marcha del programa, pues su implementación masiva comenzó en 2023, y la realidad muestra un panorama mixto. Por un lado, los resultados son tangibles: cientos de veredas cuentan hoy con tramos de placa-huella que facilitan la salida de productos agrícolas, el acceso a la salud y la llegada de estudiantes a las escuelas. Las comunidades han respondido con entusiasmo, y el tejido social se ha fortalecido en torno a la ejecución de las obras.

Por otro lado, las dificultades operativas han sido enormes, tal como lo anticipaba la CCI. La etapa de alistamiento -aperturas de cuentas, cambios de firmas en bancos, capacitaciones, trámites de seguridad social, organización de la logística- puede tardar más que la propia obra, que en condiciones normales no dura más de un mes. La interventoría enfrenta una carga compleja al tener que supervisar cientos de micro contratos y verificar facturas, proveedores y nóminas. Y queda una incertidumbre seria: ¿qué pasa cuando una placa-huella falle? Las JAC deben sacar pólizas de estabilidad por cinco años, pero carecen de recursos para responder, y los diseños se limitan a una cartilla estándar que no siempre considera la resistencia del suelo o la necesidad de estabilización adicional.

De cara al futuro, el programa necesita ajustes para consolidarse como política pública sostenible. En primer lugar, debería incorporar desde el inicio una consultoría especializada que defina diseños y estándares técnicos en cada región, garantizando que las soluciones sean duraderas. En segundo lugar, urge contar con un mecanismo independiente para analizar el costo real de los insumos en cada zona, de modo que los presupuestos sean realistas y no generen sobrecostos ni incumplimientos. En tercer lugar, es fundamental fortalecer la transparencia y el compromiso de los líderes comunales, de manera que el sentido de pertenencia se traduzca en resultados colectivos y no en intereses individuales.

El Invías, por su parte, debe ir más allá de utilizar los avances de los convenios como material de divulgación institucional. El seguimiento tiene que servir para medir calidad, eficiencia y sostenibilidad, más que para nutrir titulares.

Los Caminos Comunitarios de la Paz Total son un laboratorio social valioso: ponen a prueba la capacidad de las comunidades para administrar recursos públicos y ejecutar obras de infraestructura. El saldo, hasta ahora, muestra luces y sombras. Lo que está en juego no es solo la conectividad rural, sino la credibilidad de un modelo que, con ajustes técnicos y de planeación, podría convertirse en un ejemplo de cómo la infraestructura ayuda a construir paz desde el territorio.