Con el proyecto de ley para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, la expectativa es que las inversiones del sector transporte se enfoquen en avanzar los proyectos de vías 4G -especialmente aquellos que tienen decisiones pendientes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- y los de quinta generación que se encuentran adjudicados, mantenimiento rutinario y periódico de vías nacionales, mejoramiento de la red terciaria, así como inversiones en la red fluvial y en servicios aeroportuarios y de navegación aérea. En esencia, desarrollo para las regiones de nuestro país.

Al llegar a $502,5 billones, 18,9% por encima del presupuesto del año 2023, uno de sus pilares es cumplir lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, dentro del cual, el programa de convergencia regional es donde se encuentra la mayor cantidad de proyectos de infraestructura. Estas inversiones deben resultar en mayor desarrollo en las regiones, así como fortalecimiento de las empresas del sector.

El análisis económico del PGN llevado a cabo al interior de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) concluye que 13,9% del presupuesto de inversión se encuentra destinado al sector del transporte, con $13,6 billones. Las entidades con mayor presupuesto de inversión serán la ANI con $7,47 billones, el Instituto Nacional de Vías (Invías) con $3,97 billones y la Aerocivil con $1,75 billones.

Las cifras del presupuesto de inversión en infraestructura son bajas cuando se comparan con las necesarias para cerrar la brecha histórica en infraestructura; sin embargo, representan un avance hacia ese objetivo. Las empresas del sector de infraestructura se encuentran atentas a participar en los diferentes procesos licitatorios que para estos fines se inicien, y de esta forma continuar aportando al desarrollo del país.

Como consecuencia de la inversión en infraestructura se crea una demanda creciente de servicios de consultoría en ingeniería. Las empresas dedicadas a estas labores pueden asumir proyectos relacionados con el diseño, planificación, gestión, y supervisión de estas infraestructuras. Así, las firmas del sector pueden diversificar sus portafolios al desarrollar experiencia en diferentes proyectos, al tiempo que pueden experimentar una expansión resultado de contratación de más personal, en paralelo con el uso de tecnología avanzada. Esto se traduce en un fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de las empresas.

Como es usual, la expectativa desde el sector privado frente a estas inversiones es que los procesos de selección de las firmas sean adecuados y conlleven a la obtención de los objetivos de las entidades de gobierno, para que de esta forma se garantice la eficiencia y eficacia en la gestión pública.

Cuando los procesos de selección cumplen con principios como la transparencia, competencia, igualdad de oportunidades, legalidad, evaluación objetiva, protección de intereses públicos y rendición de cuentas, aumenta la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y se reducen los riesgos de corrupción y malversación de fondos.

Esto va de la mano con el comportamiento de las empresas del sector, pues se espera también de estas que participen de manera limpia y con un alto grado de integridad, es decir, que operen de manera ética y responsable en todas sus actividades, y que deben actuar con honestidad, transparencia y respeto por todas las partes interesadas, incluyendo a los empleados, clientes, accionistas, comunidades locales y el medio ambiente.

Para que los proyectos de infraestructura avancen sin problemas, es esencial que tanto las entidades contratantes como las contratistas se comprometan en hacer todo lo posible para garantizar el éxito en cada uno de ellos. Asimismo, es crucial que otros actores, como el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las gobernaciones y las alcaldías, colaboren activamente en lugar de generar obstáculos innecesarios.

La inversión en infraestructura representa un compromiso firme con el progreso y desarrollo de nuestro país, con miras a un futuro más próspero. Esta inversión no solo impulsa la modernización de nuestra infraestructura de transporte, sino que también desencadena efectos positivos que se extienden por todo el país; las conexiones eficientes entre ciudades y comunidades abren la puerta a nuevas oportunidades económicas y comerciales. Además, este impulso inversor fortalece el tejido empresarial de la industria de la infraestructura, al fomentar la innovación, la creación de empleo y la competitividad.