Esta semana se llevó a cabo la reunión del GRI Club Infrastructure and Energy en Colombia, con la participación de importantes inversores, concesionarios, contratistas, consultores, agencias calificadoras, aseguradoras, entidades de financiación y firmas de abogados. Una de las sesiones giró en torno a la gestión sociopredial, y la conclusión fue clara: para que las iniciativas logren su ejecución con éxito, las comunidades deben ser tenidas en cuenta invitándolas a hacer parte del proyecto para que lo sientan como suyo. En primera instancia, se enunció lo obvio: las comunidades están presentes durante todo el ciclo de vida de un proyecto -desde que se identifica la necesidad, hasta que el proyecto se materializa y comienza a operar- y, por lo tanto, a entregar valor a estas mismas personas.

Desde el punto de vista de los inversores, se hace cada vez más necesario conocer el efecto total que se generará a las comunidades y al medio ambiente con la ejecución de la iniciativa, así como las medidas de mitigación requeridas para compensar cualquier daño. De esta forma, los inversionistas y financiadores analizan en detalle los proyectos y sus impactos, negativos y positivos, y están dispuestos a participar únicamente cuando el beneficio neto es positivo y la iniciativa se ha estructurado bajo altos estándares de cuidado ambiental y de las comunidades.

Para quienes trabajan en la concepción del proyecto y su desarrollo, el diálogo con las comunidades en las etapas de ideación, prefactibilidad y factibilidad es instrumental para que éstas conozcan de primera mano la idea y ofrezcan insumos que permitan ajustar las características del proyecto. Es justamente en estas etapas cuando se puede modificar el diseño con el fin de adaptarlo a la atención de las necesidades de la comunidad, y minimizar así el posible impacto negativo.

Ya durante la ejecución, lo importante, en relación con las comunidades, es que el proyecto que han conocido a través de los diálogos sea, en efecto, el que se construye, incluyendo todas las medidas acordadas de compensación tanto a la comunidad como al medio ambiente. Esto requiere también, de parte de las comunidades, no generar nuevos requerimientos adicionales a los previamente acordados.

Normalmente, las iniciativas de infraestructura atraen el talento de las comunidades aledañas para que participen en su ejecución y de forma indirecta, otros actores de la misma comunidad participan con la provisión de servicios, por ejemplo, de alimentación y transporte al proyecto. Entre las medidas de compensación que más impactan positivamente a las comunidades, están el apoyo a la generación de proyectos productivos, así como la capacitación a jóvenes en tareas técnicas relacionadas con la infraestructura. Al entrar en operación, se hace más visible el impacto positivo que cada proyecto le imprime a la comunidad. Sin embargo, llegar a esta etapa no significa olvidarse de las comunidades, pues es justo ahora cuando inicia la relación de largo plazo entre la infraestructura y las personas impactadas.

Finalmente, en relación con la gestión predial, la experiencia muestra que los proyectos que inician su etapa de construcción con los predios comprados son aquellos que tienen más probabilidad de concretarse en el plazo previsto, como fue el caso de la autopista Pacífico 2 en el suroeste antioqueño, el único proyecto de concesiones 4G que inició con esa condición; los demás, inevitablemente sufrieron retrasos.