Los contribuyentes están tranquilos al saber que los impuestos recaudados serán usados adecuadamente en la provisión de infraestructura, educación, salud, y en general, para que la sociedad, como un todo, pueda disfrutar de los bienes y servicios a cargo del Estado.
Desafortunadamente, en Colombia una porción muy grande se destina al funcionamiento de entidades del Estado, mientras que las inversiones alcanzan solo 20% del presupuesto; pero el problema no para allí. La corrupción se lleva otra parte, mitológicamente, $50 billones al año que nunca llega a consolidarse en bienes y servicios para la gente.
En términos de compras estatales, el país ha avanzado decididamente con la formulación de leyes y políticas que promuevan la transparencia. La promulgación de la ley 2022 de 2020 es un logro importante, pues obliga a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a usar los pliegos tipo para compras relacionadas con proyectos de infraestructura, sean estos de obra pública, consultoría o interventoría. También lo ha sido la modernización de los procesos de compras del Estado con las herramientas que ha desarrollado la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
Lastimosamente, algunas de las iniciativas legislativas que han cursado en el congreso, bien intencionadas, como aquellas que buscan promover la equidad de género, o la inclusión de minorías en actividades que les genere una remuneración, notablemente las que se encuentran en la ley de emprendimiento y sus decretos reglamentarios, afectan negativamente las compras estatales de infraestructura. Esto es así porque los procesos de selección terminan desviando su atención de la idoneidad y la capacidad de las firmas, al poner el foco en medidas de acción afirmativa para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.
Esto ha llevado a que algunos de los proveedores de servicios de ingeniería hagan maromas con sus estructuras societarias. Por ejemplo, con la asignación de la propiedad, en papel y soportado con documentos jurídicos, a una mujer, que sea cabeza de familia. En otras palabras, generando nuevas empresas unipersonales, pero que son controlantes de empresas de ingeniería, solo con el fin de obtener esos puntos adicionales.
El impacto es negativo: el Estado no está comprando de forma informada sus servicios de ingeniería. Distinto sería, si eligiera firmas de consultoría que pudieran demostrar su experiencia en proyectos similares, con la capacidad de enfrentar la problemática del contrato en cuestión, con una oferta metodológica técnica, administrativa y gerencial de calidad y que propongan profesionales con calificaciones, disponibilidad y compromiso hacia el proyecto.
Esta es una invitación para que tanto nuestros legisladores, como las entidades del Estado, aprecien la importancia que revierte la selección de una firma de ingeniería con trayectoria y experiencia a la hora de seleccionar sus consultores. Vale la pena observar las tendencias internacionales en este sentido, como las que recomienda la Federación Internacional de Ingenieros de Consulta (Fidic), sobre la compra de servicios de consultoría en infraestructura.