Para muchos de nosotros que habitamos en la región andina de Colombia, los océanos, la Orinoquía y la Amazonía son áreas que a menudo pasan desapercibidas en nuestra vida diaria. No obstante, como componentes esenciales de la nación, es fundamental salvaguardar estos territorios mediante el establecimiento de infraestructuras críticas en puntos estratégicos.

El próximo 13 de julio se dará a conocer el fallo que resolverá la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia respecto a una extensa área marítima que rodea el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que forma parte de la nación. Es importante recordar que en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre de 2012, se otorgó a Nicaragua aproximadamente 75.601 km2 de aguas jurisdiccionales que históricamente habían sido consideradas colombianas, y que estaban bajo el régimen de zona económica exclusiva y plataforma continental de Colombia.

Si examinamos las cifras, la extensión marítima de Colombia adquiere una importancia significativa, ya que abarca casi 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, cifra que es comparable a la extensión terrestre del país y destaca la relevancia de los espacios marítimos en el contexto nacional.

En el caso de Colombia, son las fuerzas armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, las encargadas de ejercer la soberanía en las tierras y mares distantes que colindan con otras naciones. En particular, en la disputa territorial en las aguas del Caribe, la Armada Nacional ha mantenido una presencia continua, garantizando la protección de la vida humana en el mar, la búsqueda y el rescate marítimo, la lucha contra el crimen transnacional, la pesca ilegal y depredatoria, así como la preservación de la Reserva de la Biosfera Seaflower.

Para garantizar la protección y el adecuado funcionamiento del territorio insular, es fundamental contar con infraestructura crítica en diversas áreas. Desde faros para la navegación marítima del comercio internacional que transita por el Caribe y los alrededores del Canal de Panamá, hasta obras públicas para la generación de energía limpia, como parques eólicos offshore y el tendido de cables y tuberías submarinas para transmitir dicha energía. Además, se requieren estaciones de investigación científica marina, estaciones pesqueras, muelles y bases para salvaguardar la vastedad de estos espacios marítimos.

Este año, gracias a mi participación en el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal) ofrecido por la Escuela Superior de Guerra, he tenido la oportunidad de visitar lugares remotos de la nación, como el Cayo Bolívar en el complejo de islas de San Andrés y Providencia, así como las fronteras con Perú y Brasil en el Amazonas y con Venezuela en La Guajira. Durante estas visitas, pude observar que el país está haciendo esfuerzos no solo para garantizar la seguridad en el territorio, sino también para proteger la biodiversidad, el medio ambiente y las comunidades que forman parte de la nación. Sin embargo, también pude constatar que los recursos son limitados y dependen en gran medida de la voluntad política, es decir, del presidente de la nación, para tomar decisiones que protejan el territorio.

Es crucial que el gobierno fortalezca las fuerzas armadas y la infraestructura crítica para salvaguardar la soberanía. Fortalecer a la Armada Nacional, por ejemplo, no solo garantizará la seguridad marítima, sino que también permitirá realizar investigaciones científicas marinas y desarrollar el potencial de los recursos en la plataforma continental y zona económica exclusiva. Esta inversión estratégica asegurará que Colombia ejerza plenamente su soberanía y proteja los intereses nacionales en el ámbito marítimo, generando beneficios económicos, sociales y ambientales para el país.