La contratación de interventores es crucial para que el Estado cumpla con sus objetivos, pero la falta de comprensión de esta figura puede afectar la calidad del servicio y aumentar la litigiosidad, minando la confianza de las partes involucradas. ¿La buena noticia? La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha lanzado un ‘Manual de buenas prácticas para la contratación de consultores’, con el fin de plantear soluciones para garantizar una ejecución exitosa de los proyectos.

El interventor, según la Ley 80 de 1993, es un representante designado por la entidad estatal contratante, cuyas funciones incluyen supervisar, controlar y verificar el cumplimiento del contrato por parte del contratista, autorizar las solicitudes de pago, inspeccionar y recibir los bienes entregados, y resolver las controversias que surjan. Esta figura debe ser imparcial y objetiva, y debe informar oportunamente a la entidad contratante sobre cualquier incumplimiento por parte del contratista.

La CCI destaca varios problemas críticos que afectan el trabajo de los interventores, incluyendo la forma de pago del servicio, tarifas de los profesionales, dedicaciones reconocidas, cálculo del factor multiplicador, falta de transparencia en la publicación de las variables del presupuesto oficial, plazos de los contratos y gestión de riesgos.

En cuanto a la forma de pago, se recomienda que esté asociada al servicio prestado, no al avance del contratista y que la entidad contratante pague mensualmente al interventor el valor del contrato. Esto se logra mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal afectados por un factor multiplicador, más el reembolso de otros costos directos ocasionados en la ejecución de los trabajos, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo por parte del funcionario designado.

Actualmente, los salarios y tarifas del personal no se relacionan con el mercado, lo que resulta en una oferta significativamente baja en comparación con otros sectores que buscan los mismos recursos técnicos y profesionales. Además, los perfiles solicitados en los pliegos de condiciones para el personal no están en línea con los salarios definidos en los presupuestos oficiales. Para esto, la Cámara recomienda que las entidades consideren la realidad del mercado y la idoneidad de cada perfil requerido al fijar los presupuestos para garantizar una compensación adecuada.

La CCI señala que las dedicaciones del personal contratado para la ejecución de los contratos de interventoría son generalmente bajas y no adecuadas para cumplir con las obligaciones contractuales. Se recomienda que la determinación de las dedicaciones se analice rigurosamente en cada proceso de selección y que se ajusten según las necesidades del contrato. La clave es establecer las dedicaciones adecuadas para cada perfil de trabajo y responsabilidad asignada.

Destaca también que el factor multiplicador en la estructura de presupuestos de interventoría no reconoce adecuadamente los costos mínimos que deben asumir los interventores para mantener su organización y fortalecer sus capacidades técnicas y financieras. Se propone que el factor multiplicador cubra los costos laborales, los gastos generales de administración y los costos de capital de las empresas de interventoría, al establecer un rango de 2,4 a 2,8 sobre el personal. También se recomienda incluir un factor multiplicador estimado en 1,1 sobre otros costos directos para cubrir la administración, los impuestos sobre ingresos y la utilidad. De esta forma, se permitiría el fortalecimiento empresarial y no solo la subsistencia de las empresas del sector.

Se espera que las entidades del Estado que contratan interventores para sus proyectos de infraestructura consideren detenidamente las recomendaciones emitidas por la CCI. Estas sugerencias están dirigidas a mejorar la calidad del servicio y reducir la litigiosidad, y se basan en la experiencia observada en la ejecución de contratos por parte de entidades públicas, así como en las mejores prácticas internacionales. Al adoptar estas recomendaciones, las entidades contratantes pueden garantizar un mayor éxito en la ejecución de sus proyectos y una mejor gestión de los riesgos asociados.