En medio de las restricciones presupuestales que limitan la inversión pública en Colombia, las obras por regalías surgen como una alternativa estratégica para cerrar brechas territoriales y dinamizar el desarrollo regional.

Este mecanismo, establecido en la Ley 2056 de 2020, faculta a las empresas productoras de recursos naturales no renovables -minería e hidrocarburos- a ejecutar proyectos públicos como parte de su obligación de pagar regalías.

Desde el principio, la ley tuvo un propósito claro: agilizar la inversión pública, visibilizar los beneficios en territorios productores y fortalecer la cooperación entre el sector privado y los gobiernos locales.

Si bien hubo reservas en el Congreso acerca de la posible influencia indebida del sector privado en la planificación territorial, el modelo se estructuró con múltiples frenos institucionales: el Departamento Nacional de Planeación, DNP; la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; la Agencia Nacional de Minería, ANM, y fiduciarias públicas como Fiduprevisora o Fiducoldex, encargadas de garantizar la trazabilidad y la legalidad en el uso de los recursos.

En esencia, se trata de un acuerdo entre partes claramente definidas por ley: por un lado, las entidades territoriales beneficiarias, que priorizan sus necesidades; por otro, las empresas generadoras de regalías, que estructuran y ejecutan los proyectos aprobados; y finalmente, las fiduciarias públicas, que administran los recursos para garantizar trazabilidad, legalidad y cumplimiento de metas.

Un caso emblemático es el de San Benito Abad (Sucre), donde Canacol Energy, a través de CNE Oil & Gas, pavimentó 3,8 km de vía rural con una inversión de $2.407 millones de pesos. La experiencia mostró que la articulación entre empresa, territorio, entidades nacionales y fiduciaria permite optimizar tiempos, procesos y resultados para la comunidad.

No obstante, el mecanismo enfrenta desafíos importantes que han limitado su adopción. Aunque la Ley 2056 de 2020 habilitó esta figura como una modalidad voluntaria dentro del Sistema General de Regalías, su implementación ha sido muy limitada.

Para el bienio 2025-2026, se proyectan $12,5 billones en asignaciones directas, recursos que podrían canalizarse mediante obras por regalías. Sin embargo, son contadas las empresas y entidades territoriales que han logrado concretar proyectos bajo este esquema.

Las razones son diversas. Por un lado, muchos municipios no cuentan con equipos técnicos ni experiencia para estructurar proyectos viables, lo que obliga a las empresas a asumir esa labor desde cero, incluso con recursos propios.

Por otro, los trámites ante el DNP pueden resultar extensos y complejos, lo que retrasa la aprobación de iniciativas, sin importar su escala. Además, en algunos casos las entidades territoriales imponen contratistas, lo que genera tensiones con las empresas ejecutoras.

Como ha señalado Óscar Hernández Casallas, de Canacol Energy, incluso los proyectos pequeños requieren la coordinación de múltiples instancias del Estado, lo que puede desincentivar nuevos esfuerzos.

La combinación entre la reducción de recursos del presupuesto nacional de inversión -una auténtica “sequía presupuestal”- y la baja ejecución del esquema de obras por regalías, convierte al momento actual en una oportunidad única para impulsar este mecanismo.

Municipios y departamentos enfrentan necesidades urgentes en vías terciarias, infraestructura educativa, sistemas de agua potable y saneamiento básico, y el sector extractivo puede convertirse en un aliado clave, aportando capacidades técnicas, recursos y experiencia operativa.

Además, como se señaló esta semana en La República, en una columna de Frank Pearl sobre las Obras por Impuestos, hay aprendizajes aplicables: institucionalizar el modelo, fortalecer los mecanismos fiduciarios para generar confianza y consolidar el esquema como política pública. Ambos mecanismos comparten el objetivo: aprovechar las capacidades del sector privado al servicio del desarrollo territorial.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, junto con la Fundación Acres, están impulsando activamente esta figura, promoviendo espacios de diálogo entre empresas, gobierno y comunidades, y proponiendo mejoras en la capacitación técnica de las entidades territoriales, simplificación de trámites y reconocimiento de buenas prácticas en ejecución.

Las obras por regalías representan más que un mecanismo financiero: son una llave para transformar territorios y construir confianza entre Estado, empresa y ciudadanía. Invitamos a las empresas generadoras de regalías a sumarse, compartir experiencias, aprender de los casos reales y liderar soluciones.

Con visión compartida y compromiso, este mecanismo tiene el potencial de generar bienestar real y duradero en los territorios donde se originan los recursos.