Peajes, política y realidad

La infraestructura exige tiempo, conocimiento técnico y enormes esfuerzos de coordinación que muchas veces pasan desapercibidos para el ciudadano. Por eso, la reciente decisión del gobierno nacional de cerrar la puerta a la iniciativa privada “Conexión Centro”, propuesta para continuar el desarrollo de las Autopistas del Café, merece una reflexión más profunda que el simple debate sobre si los peajes son caros o impopulares.

Más allá del proyecto específico, la decisión envía señales inquietantes sobre el rumbo que podría tomar la infraestructura colombiana y sobre la manera como el país enfrentará sus necesidades futuras de conectividad, mantenimiento y expansión vial.

Estudios, diseños, análisis de tráfico, evaluaciones ambientales, estructuración financiera e identificación de riesgos hacen parte de un trabajo técnico complejo que busca convertir una necesidad regional en un proyecto viable. Durante ese proceso participan ingenieros, economistas, abogados, especialistas ambientales, topógrafos y consultores que le apuestan a mejorar la competitividad y la calidad de vida de las comunidades.

Ese esfuerzo técnico también genera empleo de alta calidad. Cada proyecto moviliza firmas consultoras, constructoras, proveedores y profesionales en múltiples disciplinas. Cuando una iniciativa se detiene, no solo se frena una vía: también se frenan oportunidades de trabajo digno, formación técnica y crecimiento económico para miles de personas.

El debate además deja otro punto sobre la mesa: la diferencia entre una vía concesionada y una vía administrada directamente por el Estado. Quienes recorremos frecuentemente las carreteras del país sabemos que la diferencia se percibe inmediatamente. En Colombia, basta pasar de un corredor concesionado a un tramo mantenido por Invias para notar el cambio en el estado del pavimento, la señalización, la atención de emergencias, la iluminación o el cuidado general de la carretera.

Esto ocurre porque las concesiones tienen obligaciones muy claras sobre el estado y la seguridad de las vías. Hay equipos revisando permanentemente el pavimento, atendiendo emergencias, monitoreando accidentes y verificando que la carretera cumpla con estándares de servicio. Cuando la vía se deteriora o el servicio falla, el concesionario debe corregirlo y asumir las consecuencias económicas. La carretera debe mantenerse en las condiciones de calidad que exige el contrato.

En cambio, cuando la infraestructura queda únicamente a cargo del Estado, el mantenimiento depende de la disponibilidad presupuestal de cada vigencia. El deterioro puede avanzar durante años mientras llegan recursos para intervenir. No existe la misma disciplina contractual ni la misma presión operativa para mantener estándares homogéneos de calidad y servicio.

Es cierto que muchos corredores concesionados ya tienen ejecutadas sus grandes inversiones iniciales. Pero precisamente por eso resulta aún más importante proteger esos activos estratégicos. Una carretera mal mantenida no se deteriora linealmente: se deteriora exponencialmente. Lo que hoy puede resolverse con mantenimiento preventivo, mañana puede requerir reconstrucciones multimillonarias.

Ahora bien, si el propósito del gobierno es genuinamente reducir el costo de los peajes para los usuarios, la discusión debe darse con total transparencia. Porque la infraestructura de calidad tiene un costo, independientemente de quién lo pague. Si no lo paga directamente el usuario mediante peajes, deberá pagarlo el Estado mediante impuestos generales u otros mecanismos de financiación.

El mundo ofrece múltiples ejemplos. En varios países se utilizan esquemas de “peajes sombra”, donde el usuario no paga directamente en la caseta, pero el concesionario sí recibe pagos del Estado según el flujo vehicular y el cumplimiento de estándares de servicio.
Desde el sector de la ingeniería existe la capacidad y la disposición para acompañar el desarrollo de la infraestructura que el país necesita. Hay firmas y profesionales preparados para estructurar, construir y conservar proyectos que mejoren la competitividad y la calidad de vida de las regiones. La participación privada, bien estructurada y correctamente vigilada, puede acelerar ese proceso y convertirlo en crecimiento y empleo.

Frenar proyectos puede ser una decisión política; recuperar el tiempo perdido casi siempre termina siendo mucho más costoso para el país.