¿Por qué Colombia necesita medir la alfabetización emocional de sus ciudadanos?

La Organización Mundial de la Salud estima que 12.000 millones de días laborales en el mundo se pierden por depresión y ansiedad. Si bien una sociedad triste y cansada avanza a paso de tortuga, existen herramientas diseñadas para velar por nuestro bienestar. La salud emocional no puede ser un privilegio de pocos y, por eso, la tarea es clara: debemos democratizar el acceso para que los trabajadores no sean otro número en la estadística.

Cuando fundé Intus (intus.app) en 2021, después de atravesar un episodio depresivo en 2018, encontré una realidad que, hasta ese momento, me había sido ajena. Cientos, no, miles de personas cansadas. Tristes. Quemadas. Poco importaba lo que hicieran: la realidad era que sus mentes y cuerpos cargaban con un desgaste maratónico.

Afortunadamente, no todo estaba perdido. Las opciones eran varias, pero en muchos casos desconocidas. Fue ahí donde apareció una pregunta, en apariencia sencilla:
¿cómo hacer que las herramientas de bienestar emocional llegaran a la mayor cantidad de familias?
Cinco años después, tras incubar nuestra metodología en el Health Systems Innovation Lab de la Escuela de Salud Pública de Universidad de Harvard —un laboratorio global de investigación, política de salud y creación de ventures—, la tecnología se convirtió en nuestra mejor aliada para responder esta inquietud. Sin embargo, se trata de un camino largo que apenas empezamos a recorrer.
Colombia no parte de cero en materia de educación socioemocional. Está la Ley 2230 de 2022, que creó la cátedra de educación emocional; hace unos años el Icfes incorporó habilidades socioemocionales en su sistema de evaluación; y el Conpes 4188 (2026–2036) declaró estratégica la formación integral en la materia, asignando un presupuesto de $2,046 billones. Hay norma, diagnóstico y presupuesto. Lo que falta es una meta nacional medible.

De 7.000 usuarios a más de 100.000 familias en tres años

65,6% de los hogares colombianos ya tiene internet: el canal digital está listo. Lo que falta es un estándar de certificación que convierta estos esfuerzos en evidencia acumulada para futuras políticas públicas.

Sin métrica, cualquier meta es eslogan

La metodología es clara. Una persona debe completar entre 8 y 12 horas de formación estructurada, presentar una evaluación antes y otra después, y cumplir con una mejora de aproximadamente 10% en dos de tres dominios: autoconciencia, autorregulación y habilidades sociales.

En 2023, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana evidenció que las habilidades socioemocionales de los estudiantes colombianos apenas alcanzaban un promedio de 5,8 sobre 10, con un deterioro preocupante que pasa de 6,6 en tercer grado a 5,1 en noveno. A este panorama se suma la alerta del Instituto Nacional de Salud, que en 2024 registró más de 38.000 casos de conducta suicida y 164.000 de violencia intrafamiliar.

Aunque hoy distintos programas reportan coberturas que oscilan entre 100.000 y 500.000 personas con rutas de formación y evaluación, el país sigue careciendo de un registro unificado que permita medir resultados, comparar avances y convertir estas intervenciones en política pública basada en evidencia.

El argumento económico

La Organización Mundial de la Salud estima que 12.000 millones de días laborales se pierden por depresión y ansiedad, es decir, cerca de un billón de dólares al año, así como retornos de cuatro dólares por cada dólar al escalar el acceso a tratamiento efectivo. En Intus lo comprobamos de primera mano con las empresas que integran nuestras rutas: cuando los equipos mejoraron en autorregulación, bajaron el ausentismo y la rotación.

Para los 3,7 millones de micronegocios colombianos, las habilidades emocionales pesan en servicio al cliente, negociación y resiliencia, y determinan en gran parte la supervivencia del emprendimiento. Esto, en un país con una tasa de informalidad superior a 55%, demuestra que el capital emocional es infraestructura blanda para la productividad.

Ruta 2026–2036 y riesgos

Tomamos el Conpes 4188 para trazar una hoja de ruta. En 2026 se establece una línea base y un estándar de certificación; entre 2027 y 2029, el ideal es lograr una escala escolar con formación docente; para 2030–2033, la expansión laboral y comunitaria con cajas de compensación y eps; finalmente, entre 2034 y 2036, el cierre de brechas y la evaluación de impacto.

En este punto se hacen necesarios varios elementos: certificados únicos, mejora medible pre y posprograma, reducción de la brecha rural, así como disminución de la rotación en empresas adherentes y de la violencia notificada en territorios priorizados. Los mayores riesgos yacen en el formalismo —una cátedra sin evaluación real—; la mitigación pasa por instrumentos validados, formación situada, protección de datos y auditoría independiente.

Sin embargo, la ganancia se escapa de cualquier estadística, pues un país que aprende a nombrar y regular lo que siente trabaja mejor y convive con menor costo.

Cuatro millones al 2036 es el número. El tablero es la tarea.