Estamos acabando con el Estado de Derecho, el afán por crucificar a los funcionarios y revivir el circo romano donde la sangre rueda, está acabando con la sociedad. El ánimo por llegar al poder a toda costa, desprestigiando y acabando con los miembros de un gobierno con el que no se comulga, está socavando las bases de la convivencia pacífica y la búsqueda del bien común.

El artículo 83 de nuestra Constitución establece que: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Lo anterior se fundamenta en la existencia misma de la sociedad, en la necesidad y dependencia que tenemos del otro, en creer. El sustento está en que debemos acatar la ley para poder vivir en comunidad. Y ese, es el fin del Estado, establecer reglas de conducta, el contrato social.

De otra parte, el Código Penal consagra como delito la falsedad en documento público. Esto supone que todo documento se presume legal. Pero con la sed de ver sangre, ahora las víctimas resultan responsables y son condenadas cuando fueron ultrajadas en su buena fe. El caso reciente de la ministra Karen Abudinen es el mayor ejemplo. Todos los colombianos y el Estado, no el Gobierno, representado por el MinTIC, fuimos víctimas de un delito, óigase bien, fuimos víctimas.

Un contratista inescrupuloso presentó un póliza falsa para la celebración de un contrato. Una póliza que es un documento que debe presumirse legal. Es obligación del Estado creer en la veracidad de lo que los particulares afirman. No puede un funcionario asumir que ese particular está cometiendo un delito. Toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Esa es la mayor garantía de los individuos frente a los eventuales abusos del Estado, de lo contrario se destruiría la confianza en la sociedad y sus instituciones.

Hoy se concluye de manera equivocada que las víctimas son responsables cuando un tercero comete un delito, la víctima debe demostrar su inocencia por permitir que el delincuente violara la ley.

Es absurdo. ¿Acaso para celebrar un contrato se verifica si la cédula que se presenta es falsa?¿Alguien llama a preguntar si la certificación bancaria que se les exhibe es fraudulenta? ¿Cuando les presentan el RUT llaman a la Dian a preguntar si es original? ¿Cuando les allegan el título de abogado llaman a la universidad a verificar su autenticidad? La respuesta es no, pues se presume la legalidad de los documentos.

Si se requiriere verificar cada documento que llega a nuestras manos, acabaríamos con el sistema de intercambio entre personas, eliminaríamos la posibilidad de celebrar cualquier tipo de negocio, se destruirían el comercio y las relaciones laborales. Volveríamos a la prehistoria, tendríamos que ser autosuficientes y no depender de los productos que nos proveen los demás, acabaríamos con la vida en comunidad.

Es por eso que las relaciones deben basarse en el principio de buena fe entre las partes, en darle validez y credibilidad a la palabra del otro, en la presunción de autenticidad de los documentos. De vulnerarse lo anterior, debe castigarse con severidad y con todo el peso de la ley a quienes atenten contra toda la colectividad, la fe y los recursos públicos. Debemos proteger las instituciones, las relaciones personales y comerciales, el Estado de derecho.

Lo triste es que por mezquindades políticas se desconozca el sustento de toda sociedad y se crucifique a quienes ejercen funciones públicas cuando son asaltados en su buena fe por quienes pretenden aprovecharse del Estado.

Personas que tienen condenas fiscales por haberle generado
pérdidas millonarias a la Nación en la celebración de contratos de aseo, hoy se ufanan condenando a los servidores públicos víctimas de los delincuentes. Hoy no se trata de hablar de responsabilidad política, se trata de no quemar en la hoguera los funcionarios que obraron de buena fe.