La reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional, además de demostrar sin duda alguna, la animadversión que tiene el Presidente de la República por el sector extractivo, se constituye en su acta de defunción, pues hoy se encuentra fuertemente golpeado por los bajos precios internacionales y ya soporta una carga impositiva demasiado alta.

Colombia tiene una tarifa de renta corporativa de 35%, la más alta de América Latina y una de las más elevadas entre los países de la Ocde. Dicho lo anterior, resulta absurdo imponer una sobretasa al carbón y al petróleo de hasta 15%, la cual terminará en la mayoría de los casos, en 50% de tarifa nominal, además imponiendo deducciones limitadas, generando una tasa impositiva que no responde a la realidad de dichas actividades. Como si esto fuera poco, pretenden un tributo adicional de 1% sobre ingresos brutos en la extracción de petróleo y carbón. Para rematar, propone elevar de 20% a 30% la tarifa a los dividendos que perciban sociedades extranjeras, configurándose una tributación agregada que puede superar 70%, que además de ser absolutamente elevada, impide la viabilidad de los negocios.

En este punto es importante traer a colación el fallo de la Corte Constitucional en el que declaró que la inconstitucionalidad de la no deducibilidad de regalías aprobada en la primera reforma tributaria del Gobierno, donde concluyó que “el hecho de que una disposición tributaria aumente sustancialmente el recaudo no es suficiente para tenerla por válida si, al mismo tiempo, desconoce un límite constitucional tan claro como la prohibición de confiscatoriedad de los tributos”, con lo cual dejó en absoluta evidencia, que los impuestos no pueden elevarse a un punto que haga imposible el desarrollo de determinada actividad económica al absorber una porción desproporcionada de su renta o patrimonio.

De aprobarse esta iniciativa Colombia quedaría expuesta a innumerables demandas por parte de los inversionistas extranjeros que habrán perdido sus activos y/o la rentabilidad sobre estos, por causa de un nivel impositivo injustificado, que hace imposible el desarrollo de sus actividades. De otra parte, el hipotético recaudo estimado no se causará y, por el contrario, se verá disminuido al debilitarse la actividad.

No entiende el Gobierno que, al acabar con el sector extractivo, marchitará igualmente las finanzas de las entidades territoriales; recordemos que el PIB de algunos departamentos, se compone principalmente por las regalías que generan el carbón y los hidrocarburos y, de otra parte, la inversión extranjera en el país se concentra mayoritariamente en este sector. Adicionalmente, desconoce el Gobierno que nuestra balanza comercial se verá afectada, que nuestra tasa de cambio sufrirá un golpe significativo y que afectará toda nuestra economía. No podemos caer en el falso dilema de la transición energética para convertirnos en un país importador de combustibles. Esta decisión en ningún momento reduce las emisiones, por el contrario, las aumenta y no contribuye con el cuidado del ambiente.

Destruir un sector que históricamente ha representado cerca de 4,5% del PIB y un poco más de 25% de la inversión extranjera, que genera más de 300.000 empleos directos e indirectos, que es en una de las mayores fuentes de ingresos tributarios, que adicionalmente se constituye en el soporte de la suficiencia energética, aclarando que hoy no somos autosuficientes, generará no solo un impacto económico frente a los ingresos del país y el recaudo tributario, sino que redundará en un mayor costo para los hogares colombianos reflejado en el valor de la energía eléctrica y los combustibles para el transporte y los hogares, que será uno de los peores legados del Gobierno. Un llamado a gritos al Congreso de la República para que niegue esta iniciativa que nos afectará a todos.